Centrales sindicales colombianas y la AFL-CIO de Estados Unidos evalúan los 4 primeros años del Plan de Acción Laboral: Balance negativo

Publicado 6 de abril de 2015/CBST-INFO.AG.-

El 7 de abril de 2011, en el marco del proceso de aprobación del TLC con Estados Unidos, los gobiernos estadounidense y colombiano suscribieron un compromiso de protección de los derechos laborales y sindicales, mejor conocido como Plan de Acción Laboral (PAL) o acuerdo Obama – Santos.

El PAL incluye aproximadamente 37 medidas concretas que el gobierno debió adoptar sobre 10 grandes temas, dirigidas todas a contribuir en 5 propósitos: el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado en el campo laboral, la formalización laboral, la protección del derecho de asociación sindical, la protección del derecho de negociación colectiva, y la superaciónde la violencia antisindical y la impunidad.

Este martes 7 de abril se cumplen 4 años del PAL, y con el ánimo de evaluarlo desde la orilla del movimiento sindical, hemos entrevistado a los presidentes de las 3 centrales colombianas: Luis Alejandro Pedraza (CUT), Julio Roberto Gómez (CGT) y Miguel Morantes (CTC); y a Richard L. Trumka, presidente de la AFL-CIO, la confederación sindical más importante de Estados Unidos (12 millones de afiliados).

Los 4 dirigentes respondieron preguntas puntuales sobre avances y obstáculos en los compromisos acordados en el PAL, esto es: el control al uso ilegal de la tercerización laboral, los problemas de la inspección en el trabajo, progresos en el control del uso antisindical de los pactos colectivos, la utilidad real del artículo 200 del Código Penal que sanciona como delito la violación al derecho de libertad sindical, estado de la seguridad de los dirigentes sindicales y la protección que les brinda el Estado, la impunidad de los crímenes contra sindicalistas, y el impacto de la asistencia técnica de la OIT en Colombia.

Qué avances y obstáculos observa en el control a las formas y usos  ilegales de la tercerización laboral. 

Luis Alejandro Pedraza, Presidente CUT:

En eso lo único que el gobierno puede mostrar es incumplimiento. Hay un decreto por el cual el gobierno prohíbe la intermediación en el empleo de las cooperativas de trabajo asociado. Si bien algunas dejaron de serlo, muchas siguieron haciendo intermediación bajo otras formas. Las famosas SAS relevaron las cooperativas que se liquidaron. Además el índice de informalidad del 57% que muestra el empleo es preocupante, superó en un punto el del año pasado. Indica que en ese aspecto no han resultado favorables los acuerdos que firmó el presidente Santos en el marco del TLC con Estados Unidos.

Julio Roberto Gómez, Presidente de la CGT:

Estamos muy lejos de superar las condiciones que conllevan a la tercerización laboral y a los sistemas de contratación basura, de corta duración, a las formas disfrazadas de contratación como las SAS. Si bien es cierto que las cooperativas de trabajo asociado fueron prohibidas, tenemos que decir que muchas mutaron a falsos sindicatos que firmaron falsos contratos sindicales, particularmente en el sector salud.

Miguel Morantes, presidente de la CTC:

Las formas de tercerización siguen igual, incluso con más fuerza. Lo que ha cambiado es la modalidad. Ya no son las cooperativas sino que utilizan las SAS, los falsos sindicatos y otros mecanismos tercerizadores que tanto criticamos. 

Richard L. Trumka, presidente de la AFL-CIO:

 A pesar de muchas promesas, es poco el progreso que hemos visto en la contratación formal y directa. Durante los cuatro años del PAL Colombia y sus empleadores han aumentado la contratación formal directa por menos de  medio punto porcentual. El gobierno de Colombia ha sido renuente a tomar acciones.  Los casos que conocemos (y de los cuales el gobierno de Colombia hace gran alarde, como por ejemplo Bucarelia y La Risaralda) se lograron a un alto costo para los trabajadores. Se han firmado algunos acuerdos de formalización, pero únicamente después de la movilización sostenida de los trabajadores, represalias y represión de los mismos, incluyendo violencia del Estado y numerosos otros ataques físicos contra trabajadores y líderes sindicales que resultaron en graves heridos. El gobierno colombiano únicamente hizo esfuerzos serios por traer a los empleadores a la mesa y negociar unos pocos acuerdos después de que los trabajadores tomaron acciones extraordinarias con el apoyo sostenido de sus aliados internacionales, y junto con asistencia legal y presión política sostenida. Estos acuerdos son recientes, y todavía no se han hecho cumplir a cabalidad. La organización y la negociación son siempre labores arduas, pero la experiencia colombiana que hemos presenciado durante el PAL no es ni sostenible ni evidencia  relaciones industriales maduras.

Qué destaca como logros y problemas con el Ministerio de Trabajo y sus inspecciones laborales. 

Luis Alejandro Pedraza. CUT:

El gobierno ingresó algunos inspectores para incrementar la planta, pero no ha hecho reformas a la legislación que establece el financiamiento y garantías para que los inspectores puedan desarrollar su trabajo, tienen condiciones precarias para atender sus funciones. Tampoco se ha hecho nada para que los inspectores ganen en independencia frente a los empleadores y al gobierno, por cuanto siguen siendo muy vulnerables a las presiones de éstos. 

Julio Roberto Gómez. CGT:

Hay cumplimiento parcial. Se avanzó significativamente en cuanto al nombramiento de nuevos inspectores, pero no fue un tema concertado con el movimiento sindical en cuanto a los perfiles. Es necesario que los inspectores estén mejor preparados, sean expertos en las diferentes disciplinas. Porque no basta con nombrar abogados para esa labor si no tienen una capacitación en normas internacionales del trabajo, médicos especialistas en salud ocupacional, en higiene en el trabajo, en seguridad industrial y en diferentes disciplinas que hagan la inspección del trabajo más expedita.

Miguel Morantes. CTC:

Seguimos con grandes dificultades en la inspección del trabajo. No sé exactamente el número de inspectores que se han creado, así que sobre eso no puedo opinar. Pero en cuanto a su eficacia si tenemos mucho que criticar. Porque resulta que en los últimos años la inspección del trabajo cambió en cuanto a la interpretación del derecho. En el derecho penal se habla de que en caso de duda, ésta favorece al acusado, por razones obvias. Pero en lo laboral la duda como que favorece al empleador, y por eso vía se niega el derecho de asociación. Tenemos ya varios casos en que injustamente los trabajadores han perdido la querella.

 Richard L. Trumka. AFL-CIO:

Si bien apreciamos que el ministerio fue creado después de la celebración del PAL, encontramos que la cultura dominante del ministerio no es una de reivindicación pro-activa en pro del trabajador, ni de la ejecución consecuente de la legislación laboral.  En cuanto a las inspecciones, también quedamos a la espera de un cuerpo de inspectores suficiente, profesional y estable; que cuente con la autonomía y los recursos necesarios para realizar inspecciones presenciales en los sitios de trabajo; hacer que se cumplan las leyes y sancionar violaciones resultando en el pago de penalidades y  la restitución de derechos. Demasiados inspectores se contratan por el ministerio de forma temporal, y más del 80% de ellos carecen de la experiencia técnica relevante.  Demasiadas inspecciones con evaluaciones administrativas de documentación en vez de visitas al sitio de trabajo. 

En el tema de la libertad sindical, qué progresos y retrocesos puede señalar en el control del uso antisindical de los pactos colectivos.

Luis Alejandro Pedraza. CUT:

Las convenciones colectivas siguen en caída. Los pactos colectivos aumentaron en la medida en que fueron desapareciendo las cooperativas de trabajo asociado, y en esa misma medida la libertad sindical disminuye. Por la vía jurídica se pretende evadir la presencia de sindicatos y convenciones colectivas. 

Julio Roberto Gómez. CGT:

El pacto colectivo se convirtió en una forma de evitar el surgimiento de las organizaciones sindicales. Nosotros le decimos al sector empresarial que por qué, dentro de un marco de libertades sindicales, en las empresas donde haya pacto colectivo no se permite que exista la organización sindical, y en vez de pacto colectivo éste sea elevado a la condición de convención colectiva de trabajo. Yo creo que eso le aporta a la democracia. Es un tema que hay que dialogarlo con mucha transparencia en perspectiva de futuro.

Miguel Morantes. CTC:

En este tema no hay ningún progreso. Los pactos colectivos siguen causando los  mismos problemas. Los utilizan para menoscabar el derecho de asociación sindical.

Richard L. Trumka. AFL-CIO:

El aumento persistente en el número de pactos colectivos ha tenido un impacto negativo sobre la libertad de asociación de los trabajadores y sus posibilidades de negociar convenciones colectivas. Importantes empleadores repetidamente han usado los pactos para debilitar sindicatos que ya existen pero que son relativamente nuevos, y frecuentemente socavan los  logros obtenidos a duras costas en cuanto a una auténtica cobertura de negociación colectiva.

Qué tan útil ha sido el artículo 200 del Código Penal en la sanción a quienes atentan contra este derecho.

Luis Alejandro Pedraza. CUT:

Los empleadores siempre responden con su estaf de abogados, y hasta este momento no ha habido una aplicación ejemplar de esa ley que protege los derechos de asociación y libertad sindical. Mientras la justicia laboral no opere con eficacia y sancione de verdad de acuerdo a lo que determina la ley, difícilmente se puede lograr que se respete el derecho de libertad sindical.

Julio Roberto Gómez. CGT:

No ha servido para nada. No protege como corresponde el derecho de libertad sindical. Así como hay empresarios que lo respetan, hay también los que definitivamente riñen con la ley y para ellos el mejor sindicato es el que no existe. Lo hablamos con el Presidente Santos cuando la CGT firmó un documento con el Gobierno y los empresarios: que la sanción para los empresarios que violaran la libertad sindical fuera equivalente a 5 años de arresto, es decir, que no sea delito excarcelable. Pero no conozco el primer empresario que esté preso por haber violado la libertad sindical.

Miguel Morantes. CTC:

El propósito inicial de este artículo del Código Penal era bueno, bien intencionado. Pero en el debate en el Congreso le cambiaron el sentido y quedó sin dientes, sin capacidad para ser eficaz. El hecho es que hoy nadie está procesado en aplicación de ese artículo 200.

Richard L. Trumka. AFL-CIO:

Con su fracaso en casi un 100% en el logro de avances en las investigaciones y los procesos judiciales de los muchos casos interpuestos bajo el artículo 200, el gobierno les manda un claro mensaje a los trabajadores y sindicatos colombianos de que no tiene la voluntad política de buscar justicia para los trabadores. Los fiscales desatienden inclusive casos de alto perfil que están cabalmente documentados. Finalmente, la falta de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y la Fiscalía General de la Nación muestra que el Gobierno Nacional no ha hecho un esfuerzo por consolidar los procesos institucionales a los cuales se comprometió en los primeros meses del PAL.

Cómo valora la situación de violencia contra dirigentes sindicales y la protección que brinda el Estado. ¿Ve avances en la superación de la impunidad de la violencia y los crímenes contra sindicalistas?

Luis Alejandro Pedraza. CUT:

En este frente también hay problemas, siguen asesinando sindicalistas. El caso de Fecode, por mencionar el más grave. El año pasado asesinaron a 37 educadores y este año han asesinado a 7 compañeros. Eso pone en tela de juicio los mecanismos de protección, que si bien los otorgó el Estado por exigencia de la OIT y los organismos internacionales de derechos humanos, en la práctica los han estado desmantelando bajo el sofisma de que la violencia está disminuyendo. Pero los dirigentes siguen cayendo. Lo otro es que el 99% de casos de violencia antisindical están en la impunidad, así lo ha registrado el gobierno y la Fiscalía.

Julio Roberto Gómez. CGT:

Luego de las cifras monstruosas que tuvimos, por ejemplo de julio de 2000 a julio de 2001, cuando fueron asesinados 197 sindicalistas, lo que la OIT calificó como un genocidio contra el movimiento sindical, ha disminuido la violencia contra los sindicalistas. Pero eso no nos deja satisfechos de todas maneras, hasta tanto el número de actos de violencia contra el sindicalismo sea cero. Porque es tan grave la muerte de un sindicalista como de mil.

Ha sido importante la labor desplegada para evitar actos de violencia contra el sindicalismo. La labor de la Unidad Nacional de Protección a los sindicalistas ha sido importante, pero ha tenido tropiezos en materia de recursos y elementos para brindar esa protección. Se han disminuido los montos para combustible, en algunos casos arbitrariamente se han revisado esquemas, y eso deja un mal sabor. Estamos en mora de reunirnos con el nuevo director de la Unidad Nacional de Protección para dialogar sobre el tema.

En cuanto a la impunidad, el trabajo de la Fiscalía ha sido muy mediocre. Cuando firmamos el acuerdo tripartito por la libertad sindical y la democracia, en julio de 2006, hubo una serie de compromisos de lucha contra la impunidad, pero ésta continúa siendo altísima. Y la impunidad es la mejor aliada de los violentos contra el sindicalismo. 

Miguel Morantes. CTC:

Sigue siendo muy difícil la actividad sindical, continúa bajo amenaza. Se trabaja en mucha zozobra y peligro. Tenemos varios dirigentes amenazados. En los últimos meses amenazaron a toda la dirigencia sindical del Valle del Cauca, por un grupo llamado Los Rastrojos. Antes habían amenazado a los de la CUT Atlántico. Son ejemplos apenas, porque hay muchos casos.

En cuanto a la protección a los sindicalistas, han retirado muchos esquemas de seguridad, no sé si con justa causa o no, pero es preocupante.

En el tema impunidad hubo algunas condenas de autores materiales, pero en cuanto a los autores intelectuales no ha habido hasta ahora ningún procesado ni condenado.

Richard L. Trumka. AFL-CIO:

Si bien Colombia ha hecho progreso admirable en terminar el conflicto armado que azotó al país por 50 años, los trabajadores siguen enfrentando amenazas, violencia y asesinatos en cifras que no se ven en ningún otro país del mundo.

La Unidad de Protección Nacional sigue entrabada en problemas administrativos, presupuestarios y políticas que merman su capacidad para ofrecer protección. Sus prácticas de contratación y subcontratación crean una fuerza laboral precaria que no tiene el apoyo necesario para aportar seguridad adecuada ante los problemas permanentes de seguridad. Las personas que amenazan y atacan a los trabajadores y los sindicatos son conscientes de esta desarticulación. En febrero de 2015 fuerzas paramilitares amenazaron a más de veinte sindicatos y líderes individuales por nombre, tanto del sector urbano y rural como del sector público y privado. Fueron víctimas de disparos en el Valle de Cauca.

La impunidad sigue siendo la norma en estos casos y otros, ya que las investigaciones no llevan ni a la acción ni a una reducción en las amenazas.  Desde el inicio el PAL, el 7 de Abril del 2011, y hasta el 24 de marzo del 2014, líderes y activistas sindicales han sufrido 105 asesinatos, 1.337 amenazas, y escaparon a 65 ataques letales, entre las 1.933 violaciones de derechos humanos documentados, por la ENS, en ese periodo.

Qué impacto ha tenido la asistencia técnica de la OIT en Colombia en temas de inspección laboral, diálogo social, lucha contra la impunidad.

Luis Alejandro Pedraza. CUT:

Consideramos importante la presencia de la oficina de la OIT, este país es el único donde hay una oficina especial. Pero es claro que no tiene poder coercitivo porque es una comisión tripartita. Simplemente cumple una función de contribuir por la vía de la difusión de los convenios, lo que para los empresarios y el gobierno es como cantarle a la luna. La oficina de la OIT la tienen simplemente como un argumento para indicar que hay plenas garantías, pero la verdad es que mientras no tenga poder coercitivo difícilmente van a obtener logros.

Julio Roberto Gómez.  CGT:

La OIT viene desarrollando una labor encomiable, y hay que animar a que continúe ese trabajo. Sin embargo creo que hace falta conversar, coordinarnos en torno a los diferentes programas para mejorar los resultados, porque en un momento dado podemos tener choque de trenes. Hay toda clase de programas que están siendo coordinados con la OIT, por ejemplo, en el tema con los noruegos, los apoyos de Estados Unidos.

Miguel Morantes. CTC:

La OIT hace un trabajo importante y ayuda en la solución de problemas, pero lo que yo entiendo es que el resultado no ha sido el más efectivo, no porque ellos no lo quieran sino porque en Colombia hay una cultura y una política antisindical difícil de romper.

Richard L. Trumka. AFL-CIO:

Los programas de asistencia técnica de la OIT han sido importantes y necesarios, pero no pueden ser efectivos sin contar con la voluntad política del gobierno. El Ministerio de Trabajo sigue incumpliendo las orientaciones sobre la contratación y entrenamiento de inspectores, y lo mismo respecto a las acciones significativas para formalizar el empleo. Estas fallas se deben levantar claramente ante la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) en la medida que considera el acceso de Colombia como miembro.  Si bien el  PAL no condicionó el acceso a los beneficios del comercio  en el progreso contra determinados indicadores medibles y en plazos temporales obligatorios, el proceso de la OCDE presenta una oportunidad de pedir que Colombia rinda cuentas. El valioso programa de asistencia técnica de la OIT debe continuar, pero los responsables del Gobierno de Colombia deben demostrar voluntad política efectiva de poner en práctica las recomendaciones y metodologías técnicas aportadas por la asistencia.

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