Qué hacer Por: Luis Britto García

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Debatir qué estuvo mal, cómo y por qué.

Reservar el debate para el ámbito interno, pues toda competencia de acusaciones e invectivas desacredita.

Reafirmar el socialismo como base ideológica, guía y meta de las organizaciones políticas.

Seleccionar escrupulosamente funcionarios y candidatos por trayectoria, ejecutoria y convocatoria y no por parentescos o acuerdos de cúpulas.

Articular escuelas de formación política e ideológica de cuadros.

Sanear las estructuras de corruptos que destruyen cuanto tocan.

Investigar exhaustivamente aumentos inusitados de fortunas y de signos externos de riqueza tanto en el sector público como en el privado.

Combatir la guerra económica, en la cual hasta ahora ha peleado sólo el bando agresor.

Mantener en sus cargos y no relevar de inmediato a los funcionarios que ejerzan en forma activa y efectiva el control de precios, de acaparamientos y de desabastecimiento.

Asumir el control estatal de la importación y distribución de alimentos y bienes básicos.

Asumir el control estatal de la banca.

Dejar de premiar con dólares a tasa preferencial a un empresariado que no los emplea en las finalidades previstas sino en la destrucción del país.

Clarificar que votar por un revocatorio también revocará todas las conquistas económicas, sociales, culturales y asistenciales logradas en quince años.

Solicitar del Tribunal Supremo de Justicia la nulidad de las leyes que atenten contra el principio de irreversibilidad de las conquistas sociales acogido en la Constitución.

Vetar por acto presidencial las leyes que nieguen o destruyan derechos económicos, sociales, políticos o culturales.

Proponer una reforma tributaria que aplique el principio de progresividad a los grandes contribuyentes, y denunciar como cómplices de éstos a los parlamentarios que se opongan.

Establecer un precio del combustible que resarza por lo menos su costo de producción.

Apoyar activamente a los movimientos sociales que luchen contra el paramilitarismo, la corrupción, el bachaqueo y el contrabando de extracción.

Informar que se vive una crisis económica planetaria, con escasez de alimentos global, en la cual el precio de los hidrocarburos ha bajado más de la mitad y el gobierno ha disminuido su ingreso en la misma medida.

Divulgar los incomparables logros económicos, sociales, culturales, educativos y políticos del bolivarianismo y su cumplimiento de las Metas del Milenio.

Rememorar los miserables indicadores económicos, sociales y culturales del siglo pasado y de los países que caen bajo gobiernos neoliberales.

Examinar minuciosamente el origen, antecedentes, trayectoria y actividades de los posibles titulares de beneficios sociales.

Recordar que quien sube precios, acapara y esconde mercancías es el empresariado actor de la Guerra Económica y no el gobierno.

Revelar que están sometidos a juicio más de dos mil funcionarios por corrupción.

Rememorar que el bolivarianismo restauró las prestaciones sociales para los trabajadores y que si no luchan por ellas el neoliberalismo se las volverá a quitar.

Reestructurar el sistema de medios públicos para desterrar sus prácticas meramente reactivas y convertirlo en generador de matrices de opinión y de agendas de debate.

Instalar plataformas 2.0 y 3.0 y encargar a expertos su manejo y contenidos.

Dejar de remedar formatos, interrupciones, inserciones, cintillos, acoso al usuario, chabacanerías y vulgaridades de los medios capitalistas en los socialistas.

Sustituir eventología efímera por acciones de gobierno perdurables.

Erradicar el paramilitarismo y su concomitante, la parapolítica.

Mantener el riguroso control de fronteras para inhabilitar paramilitares, bachaqueros y contrabandistas.

Rotar con regularidad y frecuencia efectivos y mandos del control de fronteras.

Impedir que se autodesigne representante del gobierno ante las FANB y vicecersa quien propuso la privatización de PDVSA, el derrocamiento del gobierno bolivariano mediante el artículo 350 de la Constitución y el enjuiciamiento de Chávez por la Corte Penal de La Haya.

Investigar a las ONGS e inhabilitar a las financiadas por la potencia hostil que declaró a Venezuela amenaza extraordinaria para su seguridad.

Descartar asesores extranjeros que nunca han ganado el poder en sus países y pueden contribuir a que en el nuestro lo perdamos.

Abandonar toda esperanza de pacto, conciliación o contubernio con una derecha que lleva 16 años tratando de asesinar al bolivarianismo.

Actuar en lugar de decir que se actuará.

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Los Argentinos pidieron cambio y le trajeron a la ministra que recortó los salarios de los empleados y las jubilaciones

Patricia Bullrich

CBSTinfo.- La sorpresa en el gabinete de Mauricio Macri fue el nombramiento de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad. Los trabajadores y jubilados la recuerdan por haber sido la ministra de Trabajo que, en 2001, recortó un 13% los salarios de los empleados estatales y las jubilaciones.

Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, que empezó como militante de la Juventud Peronista en los años setenta y desde entonces atravesó todo el arco político hasta llegar a ser la ministra de Macri, viene de una de las más patricias familias argentinas, descendiente de Juan Martín de Pueyrredon, director supremo de las Provincias Unidas en 1816, cuando se declaró la independencia de España. A los 16 años la joven de alcurnia se dejó llevar por los vientos de cambio de los años setenta e ingresó a la Juventud Peronista, antesala de la organización guerrillera Montoneros. En 1975 estuvo detenida cinco meses, y se exilió tras el golpe militar del 24 de marzo de 1976.

Con el retorno de la democracia en 1983, Patricia dio un giro de 180 grados en sus orientaciones políticas: fue diputada del partido Justicialista durante el gobierno de Carlos Menem, y de ahí saltó a la Alianza, la coalición que llevó al dirigente del partido radical Fernando de la Rua como presidente en el año 2000. En octubre de 2000 fue nombrada ministro de Trabajo, cargo que desempeñó hasta octubre de 2001, para luego hacer un breve paso por el ministerio de Seguridad Social hasta noviembre de ese año.

Ese comienzo de siglo, la Argentina atravesaba la más grave crisis social de su historia reciente, con piquetes de desocupados cortando las rutas, saqueos y huelgas, ante la desesperante situación económica. La crisis concluyó en diciembre de 2001, con la renuncia del presidente Fernando de la Rúa, quien debió abandonar en helicóptero la Casa Rosada, pues las calles estaban tomadas por las protestas y la represión policial que dejó 38 muertos.

En el año que Bullrich fue ministra de Trabajo, se llegó a las mayores tasas de desempleo y cierres de empresas, personal suspendido y recorte de horas laborales de la historia reciente de la Argentina: cuando se posesionó, en octubre de 2000, el desempleo era de 14.7%, cuando renunció era de 18.3%, y dos meses después era del 21.5%.

Como ministra, Bullrich firmó el recorte del 13% de los salarios de los empleados estatales y de las jubilaciones, que afectó a 533.401 jubilados, el 16% del total.

Aún hoy se recuerda su enfrentamiento con el movimiento sindical organizado, al que intentó desmembrar, proponiendo, infructuosamente, varias leyes en su contra. Hugo Moyano, el dirigente de la Central General del Trabajo (CGT), la apodó despectivamente “la piba”.

Bullrich se ufana de su gestión en ese año fatídico: “algo que me ha permitido tener vigencia política es un reconocimiento a mi gestión en la Alianza”, comentó en una entrevista por radio Nacional Rock, y agregó: “Uno ha tratado de hacer las cosas con mucha fuerza y poniendo una impronta, poniéndole un límite al sindicalismo”.

Desde entonces, Patricia fue pasando por distintos partidos políticos, hasta llegar a la coalición Cambiemos. Consultada sobre su movilidad política, que la ha llevado a recorrer el arco desde la extrema izquierda hasta la derecha, en una entrevista con La Nación, contestó: “En la Argentina, si vos te quedás quieto y no seguís la historia, te congelás”.

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Proyecto “Sismo Caracas” estudia la vulnerabilidad de la capital ante un terremoto

terremoto

En el centro de Libertador 57,1% de las estructuras tienen alta vulnerabilidad

CBSTinfo.- Lejos de ser un hecho extraordinario, en los últimos siete días la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) ha reportado por lo menos 51 eventos sísmicos, que oscilan entre 2.5 y 5.1 grados de magnitud, al occidente del país; un fenómeno que advierte a la población sobre las amenazas reales de los movimientos telúricos, capaces de generar daños en la ciudad.

Frente a esa posible coyuntura, un equipo de expertos e investigadores de la Universidad Central de Venezuela, vinculados a Funvisis, elabora un conjunto de índices de vulnerabilidad y amenaza para mitigar el riesgo físico en las edificaciones más importantes del Área Metropolitana.

Se trata del proyecto “Sismo Caracas” fundamentado en la microzonificación sísmica de capital y que ya fue aplicado en la parroquia Catedral del municipio Libertador, donde fueron inspeccionadas 154 edificaciones emblemáticas del casco histórico, entre ellas, La Catedral, La Casa Amarilla y algunas instituciones públicas.

Óscar Andrés López, profesor de la Facultad de Ingeniería de la UCV y asesor de Funvisis, asegura que en esa parroquia solo 2,1% de las edificaciones cumple los parámetros de la Comisión Venezolana de Normas Industriales vigentes. Citando el estudio, enfatiza que 57,1% de las edificaciones de la zona están expuestas a una “alta vulnerabilidad” y 66,2 corren “alto riesgo”, según la amenaza sísmica.

“Es un problema real, así lo demuestra el sismo de 6.5 ocurrido en 1967”, alerta López. De acuerdo con el índice de Vulnerabilidad Ciudadana ante Amenazas Naturales, presentado en 2015 por la UCV, USB y UCAB, 80% de la población vive en zonas de alta amenaza sísmica y 1.050.579 viviendas han sido declaradas oficialmente en riego. Ello en un contexto donde 63% de las casas son autoconstruidas por sus habitantes.

Entre los factores físicos predominates, el estudio precisa que 3.567.679 viviendas no poseen estructuras y otras 4.862.340 están construidas sobre terrenos inseguros. Un error que a juicio de Teodoro Ruiz, ingeniero de la USB, ha sido orquestado por Misión Vivienda Venezuela, cuyas casas han sido construidas, en más de 50%, en zonas inestables.

Bárbara Rubio, directora de Protección Civil de Distrito Capital, explica que la vulnerabilidad también está asociada a la edad de las edificaciones. Advierte que en Libertador son más vulnerables las parroquias situadas en la vertiente norte, como San José y La pastora. “La Pedrera es una cantera, pero la gente evacuada comercia con el riesgo, venden las casas”, dice.

A modo de prevención, recomienda evaluar el entorno, identificar zonas de seguridad y rutas de evacuación. También sugiere habilitar un bolso con linterna y agua. “Durante el evento sísmico es importante mantener la calma. Si vive en un edificio evite utilizar el ascensor. Luego del movimiento corte los servicios básicos”.

El director de Protección Civil Miranda, Víctor Lira, asegura que en sus municipios han identificado al menos 50 zonas expuestas, entre las cuales refiere barrios de Petare, en Sucre; el sector Santa Cruz del Este, en Baruta y áreas de Chacao.

“Hemos tratado de crear la variable riesgo, no solo al observar la construcción sino el entorno”, dice y agrega que en la entidad se han formado unos 300 comités de Atención de Emergencias Locales para actuar en caso de contingencia.

Según un estudio de Reducción del Riesgo Sísmico en Edificaciones Escolares, presentado en 2011 por la UCV y Funvisis, de una muestra de 569 planteles caraqueños, solo 6% cumplían con la norma Covenin 2001; 66,9% fueron construidos antes de 1982 y el 32,8% antes de 1939, 1947 y 1955.

 

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