Petróleo

Ahora Venezuela es catalogada como empresa criminal, mira porqué

CBST Noticias.- El Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos (CSIS, por sus siglas en inglés) presentó el 26 de mayo en Washington D.C. un informe  titulado La última defensa de Maduro: la supervivencia de Venezuela mediante la empresa criminal conjunta bolivariana, escrito por Douglas Farah y Caitlyn Yates, quienes forman parte de IBI Consultants, LLC y son “visiting fellows” de la National Defense University (INSS).

El acto consistió en la presentación del documento y en una discusión posterior con un panel compuesto por el propio Farah, José Cárdenas (antiguo secretario asistente para Latinoamérica y el Caribe de la USAID y director del think-tank Vision Americas), entre otros, y moderado por el venezolano Moisés Rendón (Director Asociado para CSIS Americas), destacado por su papel activista en el asedio a la embajada venezolana en Washington, entre abril y mayo reciente.

El CSIS, de marcada tendencia neoconservadora, lo podemos recordar en tiempos recientes por haber sido el anfitrión de una discusión y mesa redonda evaluando la posibilidad de una invasión a Venezuela.

Existen claros indicios para considerar todo el performance (la elaboración del informe y su presentación institucional) como una nueva operación informativa, una acción de inteligencia multipropósito.

Detalles y sombras del informe

Según una reseña de IBI Consultants, Farah es “asesor y analista de seguridad nacional. En 2004 trabajó durante nueve meses con el Consorcio para el Estudio de la Inteligencia, estudiando grupos armados y la reforma de la inteligencia.

Durante las dos décadas anteriores, fue corresponsal extranjero y periodista de investigación para el Washington Post y otras publicaciones, cubriendo América Latina y África Occidental”.

También es de los “especialistas” consultados para destacar matrices en torno al vínculo entre Hezbolá y América Latina o por qué Bolivia es supuestamente un narcoestado.

IBI Consultants es lo que se conoce como una firma de inteligencia privada, la cual contrata directa o indirectamente con gobiernos y corporaciones vinculados a conflictos armados o políticos de mediana y alta intensidad.

Esta pretendida investigación, aunque en su declaración inicial reafirma que “no representa necesariamente la posición de la Universidad Nacional de Defensa, el Departamento de Defensa, o cualquier otro organismo del gobierno estadounidense”, es lógico pensar que desde la Administración Trump se echa mano de esta firma para justificar el siguiente paso del ciclo de sanciones de 2019: designar al gobierno de Nicolás Maduro como “organización criminal transnacional” o la inclusión del país en la lista de Estados que patrocinan el terrorismo. Dos vueltas de tuerca.

Farah y Yates afirman que “la alianza de los estados bolivarianos junto con las FARC se ha fusionado en lo que nosotros definimos como la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana”.

En dicha empresa une a varios actores que se vinculan por el enfrentamiento con los Estados Unidos, en específico las guerrillas (de inspiración en la doctrina cubana de la guerra asimétrica) Frente Farabundo Martí y Frente Sandinista, que posteriormente llegaron al poder en El Salvador y Nicaragua respectivamente, la ex guerrilla FARC (acusada de narcotráfico desde la década de 1980 por las autoridades estadounidenses y colombianas) y Venezuela bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

El informe cataloga como “hechos criminales” acciones que no han sido comprobadas y que en la primera fase del texto no dirige a ninguna especificación concreta.

Toman como base, por ejemplo, una acusación sobre desvío de dineros de PDVSA por parte de la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida, en un intento por proyectar que esa imputación correspondería a una trama relacionada con actos terroristas y otros delitos que colocan en riesgo la seguridad del hemisferio occidental.

Una maniobra de propaganda constituida por medias verdades, vinculaciones engañosas y desinformación sobre los alcances de la investigación de la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida.

En otra parte reza que “la suma financiera de estos hechos criminales no se conoce con exactitud, pero una investigación reciente realizada por un consorcio de periodistas latinoamericanos encontró que Venezuela desvió US$ 28 mil millones de PDVSA.

Nosotros hemos localizado por lo menos US$ 10 mil millones en fondos vinculados a Venezuela que se movían entre 2007 y 2018”.

Por un lado, IBI Consultants afirma que ha hecho hallazgos de fondos, sin ninguna prueba, pero por otro, establece una base de justificación para que el gobierno de los Estados Unidos amplíe el radio de confiscaciones y saqueo contra los activos venezolanos.

De igual manera, intentan convencer de que “en varias subsidiarias petroleras de la región, a través de su sucursal PDV Caribe”, y los movimientos legítimos de fondos que hace PDVSA a través de esa filial, constituyen una ilegalidad.

Condenan los acuerdos de PDVSA con el organismo ALBA (específicamente con los gobiernos de Nicaragua y El Salvador) y hace ver que las ganancias que provienen de este convenio representan “fondos ilícitos”. Nuevamente, el informe no muestra pruebas que sostengan esta afirmación.

Apoyándose en informes de prensa y entrevistas que no pueden ser verificadas o contrastadas a través de fuentes públicas, el informe sostiene que desde la empresa Alba Petróleo y Albanisa (Nicaragua) se desviaron recursos a paraísos fiscales, generando empresas fachadas a través de testaferros en estos países.

De esta forma, Douglas Farrah y Caitlyn Yates apuestan a la credibilidad de IBI Consultants para mentir sobre Venezuela. Se pagan y se dan el vuelto.

Asimismo, centran sus acusaciones en el convenio ALBA y Nicaragua, países que fueron declarados por John Bolton como la “troika del mal”, apuntando en específico a Venezuela, Cuba y Nicaragua como blancos de la guerra no convencional internacional que desarrolla la Administración Trump, con el propósito de socavar la alternativa ALBA dentro del cuadro de relaciones internacionales del hemisferio occidental.

El informe hace especial énfasis en la figura del empresario venezolano del ramo de medios y aseguradoras Raúl Gorrín. Según reseña el texto, “se estima que este esquema habría lavado entre US$ 1.2 y 2.4 mil millones de dólares, utilizando el sistema financiero de Estados Unidos, a lo largo de cuatro años. La participación de Gorrín en este esquema totalizaría aproximadamente US$ 159 millones”.

Farrah y Yates no sólo son (deliberadamente) imprecisos a la hora de manejar datos y acusaciones, sino que, también, intentan relacionar a Raúl Gorrín con el gobierno venezolano. El informe no demuestra esta relación que insiste en proyectar, sino tan sólo desde lo nominal y la sentencia apriorística.

Asimismo, los autores utilizan reportes de prensa e informes de Bloomberg para construir una trama donde, supuestamente, el gobierno venezolano tendría relación con la empresa Kaloti Suriname Mint House en el que no sólo no demuestra que tal cosa sea cierta, sino que endosa cargos criminales al presidente de Surinam, Desi Bouterse, apoyándose en reportajes parcializados de medios de comunicación digital.

En ese mismo tópico, “dado que las reservas de oro del Banco Central Venezolano crecieron en 11 toneladas en 2018, a pesar de la venta masiva en curso, todo hace suponer que una importante cantidad de mercadería era obtenida ilegalmente por los grupos disidentes de la FARC y el ELN”.

Aunque no existe ninguna demostración de que esto sea así, o de que los grupos guerrilleros colombianos mencionados se encuentren vinculados a las actividades auríferas del país, el informe hace pasar como una verdad inobjetable lo que es una opinión parcializada y sesgada, imposible de verificar o contrastar, por parte de los “investigadores”.

Acusan al gobierno venezolano de lavar fondos a través de “banco a banco” y con “proyectos de infraestructura falsos”. Sin embargo, destacan, en la primera parte, que no poseen información consistente que respalde sus denuncias.

Por último, el informe intenta vincular la privación de la sociedad venezolana en el acceso a las medicinas, entre otras variables que afectan el desarrollo pleno de sus derechos humanos, con el conjunto de datos e informaciones sesgadas que presentan a lo largo de la pretendida investigación.

En este sentido, intenta proyectar al gobierno venezolano como un “estado criminal”, mientras blanquea y omite el bloqueo vía sanciones como el factor de mayor peso en la violación de los derechos humanos de la población venezolana.

En tal sentido, el posicionamiento del gobierno venezolano como “estado criminal” o “empresa criminal conjunta” es inconsistente.

Venezuela es víctima de una operación de alto voltaje contra su economía, sistema político y estabilidad nacional, por lo que suena poco lógico que un Estado víctima de estas operaciones de guerra híbrida pueda ser catalogado como un “estado criminal”.

El informe concluye que el resultado de ese proceso de estructuración de la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana “es una compleja operación criminal que socava el imperio de la ley, la gobernabilidad democrática y las alianzas estadounidenses en todo el hemisferio occidental”.

Conviene citar y resaltar in extenso el segundo párrafo de los tres que componen la conclusión:

“La estructura bolivariana ha demostrado ser adaptable y resistente, con múltiples capacidades redundantes.

Operativamente, cuando una de las facetas de la red criminal es presionada, la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana es capaz de mudar sus operaciones a nuevas áreas o encontrar nuevos aliados, por lo general nutriendo fuerzas y conexiones diferentes de la historia compartida y los objetivos comunes de la Empresa.

El gobierno estadounidense en tiempos recientes ha realizado un esfuerzo más unificado y holístico para confrontar a estos actores criminales, ofreciendo resultados significativos.

Los esfuerzos por canalizar algunos de los fondos que fluyen de PDVSA y la estructura bancaria bolivariana al gobierno legítimamente reconocido de Guaidó -y fuera de las manos del régimen de Maduro- son innovadoras y necesarias. Pero, como dijo el ex jefe del Comando Sur, Almirante James Stavridis: ‘Se necesita una red para combatir a una red'”.

El informe cierra destacando la necesidad de enfrentar la “estructura bolivariana” de forma mancomunada combinando “recursos y autoridades… para enfrentar los múltiples nodos de la Empresa”.

Pero estas acciones combinadas entre Defensa, Tesoro y Estado, por ejemplo, ya se han hecho patentes en las maniobras contra Venezuela. No obstante, los autores insisten: “Ahora que los impulsos ideológicos de la Revolución Bolivariana han sido ampliamente rebatidos, esta es una oportunidad para los Estados Unidos de confrontar con audacia a la región y afrontar el alcance y complejidad que abarca esta empresa criminal”.

Consideraciones finales

  1. Lo multipropósito: la estructura del informe busca justificar unas categorías que abarcan lo penal/judicial como lo moral/informativo. En el primer caso ofrece una caracterización exprés que buscaría mover los próximos pasos del poder estadounidense para cumplir con el objetivo de “resolver el asunto venezolano”, ya no como un problema dentro del marco de la legislación internacional forzando su discusión y resolución como algo de justicia ordinaria (dentro del sistema estadounidense) cerrando el tratamiento de Venezuela como un asunto doméstico, volviendo a encarrilar la “amenaza inusual y extraordinaria”. El método Noriega.
  2. En el plano aquí denominado “moral/informativo” oxigena el aparato de distribución de los fake news contra Venezuela, trasladando ahora la justificación de la intervención y el control sobre el relato (que ha acusado golpes notables sobre todo después del 30A, impidiendo consolidar el cerco informativo) a un asunto moral. Desde esa misma lógica, lo moral también suplantaría el éxito mediocre que ha tenido el intento de sustentar las sanciones y el bloqueo como algo legítimo y amparado en una causa elevada. En esa dirección también funciona como control de daños.
  3. Exhibir el método más que el contenido: esta clase de agresiones informativas son diseñadas fundamentalmente para que sea difícil llevarlo a la batalla argumental, de las ideas y de su sustento. Técnicamente, recuerda mucho al Gish Galop, una táctica específica del debate que busca saturar el espacio de debate con partículas de discurso aparentemente conexas que impidan una confrontación directa, y que, en la arena de la discusión, busca ganar por desgaste. Por lo que más que enfocarse directamente en el contenido, conviene abordarlo desde el empleo de las formas: cómo se arma, qué se vale para decirlo (fuentes, tratamiento del dato, orientación política y/o interesada de los mismos), en qué momento se dice, quiénes reaccionan y finalmente quién gana con esta operación. No se puede perder de vista, ya bajo la lógica reflexiva de los servicios de inteligencia, que dicho juego de elementos produce el efecto de negación plausible, el lema de la CIA: “No podemos negar ni confirmar esa información”.
  4. Desactivar los focos de enunciación: junto con lo dicho a propósito del encuentro de inicios de abril promovido por el CSIS sobre una posible invasión militar en Venezuela, sugerimos evaluar la posibilidad de acciones legales contra estas entidades y sus autores, que establezcan una línea de defensa elemental en materia de acusaciones falsas y delicadas realizadas por entidades privadas. Esto, dentro del propio sistema de justicia norteamericano, pudiera tener entre sus principales variables el sentar un precedente.
  5. No es nuevo este tipo de acusación, realizada, además, por los mismos de siempre. Si tomamos por caso al senador Marco Rubio, su marcada insistencia con el hashtag #MaduroCrimeFamily para referirse al presidente y al gobierno en general, sobre todo a partir del 23 de enero del año en curso y el ciclo Guaidó, se ve mejor en contexto desde dónde se viene dándole forma al concepto, y cómo ahora aspira llenar el vacío que de por sí representa la verborrea tuitera de Rubio.
  6. De esta maniobra se desprenden dos elementos a considerar: 1) el grado de proactividad de un sector ideológico específico con proyecciones dentro del poder ejecutivo y operativo respecto al caso Venezuela (el cuarteto Bolton-Pompeo-Pence-Rubio) que necesita acentuar aún más el imperativo de la intervención directa y expedita (¿presionando contra la inercia y los vaivenes de su presidente?), y 2) amén de ese proceso, el asentar una nueva categoría a la vez “judicial” y “moral” (en clave neoconservadora) para mover, como dijimos, la institucionalidad penal contra una estructura “mafiosa y corrupta”, y en su proyección mediática insertar el concepto como idea “movilizadora” que suministre otro grado de aliento a una operación de cambio de régimen que no ha alcanzado sus objetivos en el corto y mediano plazo.

 

Fuente: Misión Verdad

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