Más de 30 personas están detenidas por su vinculación en magnicidio frustrado

CBST Noticias.-  Medio año transcurrió desde que se ejecutara el magnicidio en grado de frustración contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, y el Alto Mando Militar de Venezuela, ocurrido el sábado 4 de agosto durante la conmemoración del 81º aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

En ese período, más de 30 personas han resultado detenidas por los organismos de seguridad del Estado, siendo el último capturado el coronel retirado Oswaldo Valentín García Palomo, alias Aquiles, quien confirmó la vinculación de los gobiernos de Estados Unidos (EEUU) y Colombia, así como del prófugo de la justicia venezolana Julio Borges en la planificación de la Operación Yunque-Martillo, como se le conoció a la operación del magnicidio frustrado.

Borges, quien tendría nexos con los implicados en el llamado Golpe Azul (2014), que fue un intento de golpe de Estado que intentó la ultraderecha en complicidad con varios oficiales de la Aviación, y en las maniobras golpistas de 2018 y 2019, dirigió el desarrollo del magnicidio frustrado en el mismo momento en que se encontraba reunido con representantes del Gobierno Nacional en República Dominicana, como parte del proceso de diálogo destinado a consolidar la convivencia.

“El entrenamiento de terroristas se llevaba a cabo desde hace tiempo en Colombia, eso quiere decir que cuando (Julio) Borges estaba sentado en la mesa de diálogo ya estaba planficando el atentado contra el presidente Nicolás Maduro”, aseveró este jueves el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez.

Esta situación ocasionó que el dirigente del partido de derecha Primero Justicia (PJ) se negara a suscribir el acuerdo político que sentaría las bases para las elecciones presidenciales, realizadas el pasado 20 de mayo.

“Un asesino como (Julio) Borges debe dejar la hipocresía, democracia nada, ayuda humanitaria nada. ¿Qué va a decir ahora que sus propios cómplices lo delataron?”, inquirió Rodríguez.

Sobre Borges, quien reclutó en 2013 al exjefe de Comunicaciones Presidenciales de la Guardia de Honor Presidencial (GHP), Ovidio Carrasco Mosqueda, para participar en planes golpistas, pesa una solicitud de extradicción a raíz de la comisión de los delitos de instigación pública continuada y traición a la Patria, de acuerdo con el dictamen emitido por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el 8 de agosto de 2018.

Un “topo” en la Guardia de Honor

En la planificación de maniobras subversivas y terroristas, Julio Borges contó con Carrasco Mosqueda, quien ocupó un cargo gerencial durante cuatro años y medio en la GHP. En un testimonio voluntario, el teniente coronel relató que en 2013 se le propuso participar en las acciones para derrocar al jefe de Estado.

En este sentido, su rol sería proporcionar “información propia del gobierno para poder utilizarla”, es decir, ubicación, relaciones con los Ministros, reuniones con denominados “grupos de poder”, así como detalles sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb).

A cambio, Carrasco Mosqueda pidió a Borges garantizarle residencia en EEUU y cupos en universidades para sus hijas.

En el magnicidio en grado de frustración, el exdirector de Comunicaciones Presidenciales informó que el jefe de Estado asistiría el sábado 4 de agosto a la avenida Bolívar, en Caracas, para participar en un acto oficial con la GNB. Ese día se le indicó que abandonara “urgentemente” el lugar a causa del atentado con aeronaves tripuladas a distancia, confesó.

De acuerdo con investigaciones judiciales, Carrasco Mosqueda habría facilitado el proceso para que los dos drones con carga explosiva atacaran la tarima presidencial. “Este traidor fue reclutado para facilitar el asesinato del presidente Nicolás Maduro”, enfatizó Jorge Rodríguez.

García Palomo, pieza del golpismo

Detenido la madrugada del 31 de enero, el coronel retirado de la GNB, Oswaldo Valentín García Palomo, aceptó su vinculación con las operaciones militares que pretendían desarrollarse en Venezuela, las cuales se ejecutarían en mayo de 2018 y enero de 2019

En su testimonio, reconoció que contactó a un funcionario de la Central Intelligence Agency (CIA) y sostuvo encuentros con el empresario venezolano Parsifal de Sola y un funcionario de la Policía Nacional de Colombia, quienes respaldaron su accionar golpista.

“Ellos hacen su trabajo de conexión, lo que permite armar un grupo importante para realizar la operación militar. Los objetivos principales eran La Carlota, el Palacio de Miraflores y la Red de Comunicaciones de Caracas”, confesó.

En alusión al golpe de Estado que pretendía concretarse entre el primer y segundo mes de este año, García Palomo informó que el exministro de Petróleo, Rafael Ramírez; la exfiscal de la República, Luisa Ortega Díaz; el exministro de Alimentación, Hebert García Plaza y el exdiputado de la AN en desacato, Germán Ferrer, intentaron contactarlo días antes del episodio golpista.

La operación, agregó García Palomo, tenía tres días para realizarse, siendo las fechas previstas el domingo 27 de enero, el jueves 31 de enero y el domingo 3 de febrero. No obstante, la maniobra golpista fue frustrada por el Gobierno Nacional.

Tras las rejas

De las 43 personas identificadas por su presunta vinculación en el magnicidio frustrado contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, poco más de 30 se encuentran detenidos.

De este número resaltan los integrantes de los dos grupos operativos (Alfa y Bravo) que ejecutarían la acción terrorista.

Entre los detenidos se encuentran el exdiputado de la AN en desacato Juan Requesens, quien facilitó el ingreso de Juan Carlos Monasterios Vanegas, alias Bons, a territorio colombiano.

En la lista también figuran: Oswaldo Castillo (alias El Capi); Wilder Vásquez (alias Capo); Argenis Gabriel Valera Ruíz (alias Ingeniero), Brayan de Jesús Oropeza Ruiz, Alberto José Bracho Rozquez, José Miguel Estrada González, Emilendris Carolina Benítez Rosales, Yolmer José Escalona Torrealba y José Eloy Rivas Díaz, dueño de la tienda Start Electronic C.A. y quien facilitó pagos, chips e insumos electrónicos, además de coordinar hospedaje y alimentación para ejecutores del atentado.

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ABOGADO OPOSITOR RECONOCIÓ ALGUNOS DETALLES SOBRE EL PLAN DE MAGNICIDIO

El abogado constitucional, Hermann Escarrá, se reunió con integrantes del Alto Mando político y analistas del país para abordar la denuncia hecha por el chavismo sobre un presunto plan de magnicidio.
 

En lo que concierne al plan de magnicidio, Escarrá resaltó que durante la reunión fueron evaluadas algunas pruebas, “respetando la investigación que lleva adelante la Fiscalía General de la República”.
 

“En el tema del magnicidio sí hay elementos muy delicados, complejos (…), pero ciertamente el conjunto de comunicaciones, algunas de ellas de carácter electrónico, tienen una identidad (…) que por supuesto verifican, se constituyen, en una prueba importante, al menos para que se produzcan las investigaciones correspondientes”, sumó.
 

“Salimos con el convencimiento de que efectivamente hay sectores interesados en avanzar en el escenario de la violencia, aunque ya derrotado, e incluso, en producir hechos o intentarlos, muy lamentables, en lo que respecta a la integridad del Jefe de Estado”, indicó.
 

(Noticias24)/LAIGUANA.TV

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PEDRO BURELLI ADMITIÓ REUNIRSE CON EL DEPARTAMENTO DE ESTADO

Con el mayor de los descaros, el derechista Pedro Mario Burelli, rechazó desde Estados Unidos, donde reside, la citación para declarar judicialmente, este lunes, en Caracas sobre su implicación en el plan magnicida contra el presidente, Nicolás Maduro.
 

En una entrevista publicada por un diario de circulación nacional, el exdirectivo de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), aseguró que no recibió la solicitud para declarar y que, además, los correos electrónicos que lo involucran en el plan desestabilizador son “forjados”.
 

“Todos los correos que mostraron son de cuentas cuyo proveedor es Google. Estamos siguiendo el procedimiento establecido, con mi abogado, a fin de conseguir los recaudos técnicos y luego la certificación que demostrará cómo todo esto se montó sobre la base de correos forjados”, declaró Burelli al rotativo venezolano.
 

También se excusó alegando: “La embajada venezolana en Washington hizo circular los email forjados (…) con la intención de convencer a ciertos círculos de que había un intento de asesinato. Por tanto, han publicado en territorio de EE.UU. documentos forjados y eso constituye un delito”, advirtió. Al mismo tiempo, se negó a respetar las leyes venezolanas.
 

El opositor radical sostuvo que no está conspirando “para asesinar al Presidente de Venezuela, por más ilegítimo que sea”. Se desconoce según qué fuentes o pruebas el derechista insiste en no reconocer la legitimidad del Presidente de Venezuela. Cabe la interrogante, ¿qué pasaría si Burelli afirma lo mismo sobre el presidente de EE.UU., donde vive actualmente?
 

Para completar sus declaraciones incoherentes, aseguró: “Explicaré sobre mis reuniones con el Departamento de Estado en el momento en que el señor Maduro aclare cuál es su relación con el gobierno de Cuba”, ¿Es esta una aseveración para corroborar que sí se reúne con el Departamento de Estado norteamericano para conspirar? Juzgue usted mismo.
 

(LaIguana.TV)

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magnicidio fue planificado en 2010

El intento de magnicidio que la ultraderecha venezolana ha planificado contra el presidente Nicolás Maduro se inició en 2010, en México, reveló este sábado el ministro de Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres.
 

Indicó que el plan contemplaba la sedición y terminaba con el magnicidio al Presidente. “Se planificó a partir de 2010 en México, en una reunión con estudiantes”, expresó Rodríguez, en una entrevista con el canal Globovisión.
 

Este plan, dijo el ministro: “no solamente contempla quitarle la vida a un ser humano, sino que al quitarle la vida estarían sumiendo al país en una crisis, en un caos total. Estarían rompiendo la esperanza de millones que votamos por el presidente Maduro. Quedan muchas pruebas (de intento de magnicidio) que se irán presentando paulatinamente”, informó.
 

El pasado 28 de mayo, Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas y vocero del Alto Mando Político de la Revolución Bolivariana, presentó ante el país diferentes pruebas, obtenidas de investigaciones de inteligencia, que ponen en evidencia la planificación de un plan para asesinar al presidente Nicolás Maduro.
 

Rodríguez mostró pruebas que identifican a los ejecutantes del plan antidemocrático. La ex diputada María Machado, el banquero prófugo de la justicia venezolana, Eligio Cedeño, el ex gobernador de Carabobo, Henrique Salas Römer, el ex directivo de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Pedro Burelli; Gustavo Tarre, Diego Arria y el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker.
 

AVN

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