La última resaca neoliberal

Aumento de la pobreza y miseria para las familias venezolanas fue el resultado de las políticas neoliberales que se aplicaron en el país durante la década de lo 80 y 90, bajo la pretexto de «lograr equilibrios macroeconómicos» con paquetes del Fondo Monetario Mundial (FMI) y el Banco Mundial (BM), cuyo único propósito era garantizar el pago de la deuda externa y beneficar a las empresas de carácter transnacional.

A esa conclusión llegaron varios economistas consultados sobre los peligros de este tipo de políticas, que impregnan el programa de gobierno del candidato de derecha, Henrique Capriles Radonski, y que en Venezuela se aplicaron de forma más consistente durante los segundos gobiernos de Rafael Caldera (1993-1998) y Carlos Andrés Pérez (1989-1993).

El economista Jesús Faria recordó que el objetivo central de las políticas neoliberales es mejorar el desempeño de las empresas, en especial las transnacionales para maximizar sus ganancias.

«Esto se hace en un contexto donde las economías se abren y el mercado se desregula. El Estado retrocede a su mínima expresión, las cargas tributarias sobre el capital disminuyen aunque aumentan los impuesto sobre la población (en especial por intermedio de tributos como el Impuesto al Valor Agregado). En Latinoamérica se implementaron por primera vez en Chile (1973) después del golpe de estado sangriento a Salvador Allende», explicó.

Recordó que el FMI se constituyó en el promotor de paquetes económicos de carácter neoliberal para crear reformas estructurales en los países, que permitieran el desarrollo del libre mercado.

«Venezuela fue el último país en toda América Latina que aplicó de una manera plena un paquete neoliberal impuesto por el FMI, que consistía en primer lugar en la privatización, para darle mayor protagonismo al capital privado. Estuvimos a punto de privatizar el petróleo, se avanzó mucho en esa dirección pero la Revolución Bolivariana detuvo ese rumbo», rememoró.

Huellas del neoliberalismo

En la segunda gestión gubernamental de Caldera, el país vivió un profundo proceso recesivo en la economía producto del programa de ajuste llamado Agenda Venezuela impulsado por el entonces ministro de Cordiplan, Teodoro Petkoff, y dirigido al equilibrio de las cuentas macroeconómicas.

Durante este período también se produjo la modificación de la Ley Orgánica del Trabajo (1997), que arrebató la retroactividad para el cálculo de las prestaciones sociales a los trabajadores, tras un acuerdo tripartito con la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y Fedecamaras, que contó con la participación de Pedro Carmona Estanga, quien entonces representaba a Consecomercio.

El segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez estuvo marcado por una crisis económica que se agudizó por un conjunto de medidas, asesoradas por el FMI, que intentaron profundizar la liberación de la economía.

El resultado de esas políticas fue una profunda crisis social conocida como El Caracazo en febrero de 1989, y una crisis política que produjo, en 1993, la suspensión en el ejercicio de su cargo al Presidente de la República. También fue el período de la rebelión militar del 4 de febrero de 1992, liderada por Hugo Chávez Frías.

El economista Rodrigo Cabezas destacó que los planes neoliberales aplicados en ese entonces tenían como prioridad la reducción abrupta de la inversión social en materia de educación, salud o alimentación, para que los gobiernos dedicaran esos recursos al pago de la deudas.

«Es la verdad del fondo de esa política, no les importaba si la restricción del gasto conducía a una recesión (lo cual perjudica a la población en general, pero especialmente a la de menos recursos) y agravara la pobreza. El resultado de la política neoliberal en Venezuela fue la miseria: en los años sesenta el nivel de pobreza en Venezuela fue de 20% cuando terminan las décadas de los 80 y 90, el número de familias estaba en 57%», explicó.

Por su parte, el economista José Gregorio Piña recordó que en ambos programas económicos hubo liberación de precios, relajo absoluto en las tasas de interés (escasa regulación de los bancos privados), supresión o minimización del llamado «gasto» social, elevación del tipo de cambio de las divisas y estancamiento de la remuneración a los trabajadores.

«Podemos señalar como consecuencias directas, la inflación anual de 81% en 1989 y de 103,2% en 1996, como picos de ambos períodos; con un énfasis de mil por ciento (1.000%) de inflación acumulada sólo en el quinquenio desde 1993 hasta 1997, lapso en el cual el ingreso promedio de los trabajadores cayó 80% por debajo de la inflación y el sueldo mínimo legal, devengado en esa época por 65% de los asalariados, cayó 93% en términos reales, es decir, comparado contra la inflación de ese quinquenio», explicó.

Aunado a los pésimos resultados de esa política neoliberal, durante el segundo gobierno de Caldera ocurrió la crisis bancaria de 1994, que afectó a casi un tercio de la banca comercial y a millones de familias venezolanas.

Como antecedente de esta situación, en 1989, Pedro Tinoco, dejó la directiva del Banco Latino en 1989 para asumir la presidencia del Banco Central de Venezuela, desde el 2 de febrero de ese año hasta el 28 de febrero de 1992.

En esos años, el extinto Banco Latino pasó del quinto al segundo lugar de las instituciones financieras más importante de Venezuela, pero también el primero en quebrar durante la crisis de 1994.

Cambio de modelo

Con la llegada al gobierno del presidente Hugo Chávez hubo una ruptura con las tesis neoliberales para dar inicio a un proceso en el que se privilegia la inversión social, política que ha generado impactos positivos como la reducción de la pobreza.

En contraposición a la tesis sobre la necesidad de reducir el gasto social, la realidad económica de la última década sirve como sustento para demostrar que la inversión social han permitido reducir los hogares pobres, que para el primer semestre de 1999 representaban 42,8% de la población, mientras que 16,6% de los venezolanos vivía en pobreza extrema.

Para 2011, los hogares pobres, medidos por ingreso, se habían reducido a 26,7% mientras que en pobreza extrema se ubicó en 7%.

Un estudio del INE sobre la pobreza revela que las mayores cifras en este período gubernamental se presentaron entre 2002 y 2003 (años en que se derecha intento derrumbar al gobierno del presidente Chávez con el golpe de Estado y sabotaje petrolero) y que el descenso de la pobreza obedece a las políticas de ingreso dirigidas a los grupos sociales más vulnerables.

«Tal disminución se constata con la reducción en 26,6 puntos porcentuales en los hogares en situación en pobreza entre 2003 y 2010», indica el texto. Además señala que las políticas sociales a mediano y largo plazo deben estar dirigidas a mejorar las condiciones de vida los hogares venezolanos.

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