Iván Duque se posesionó el 7 de agosto de 2018 y desde entonces, según Indepaz, han sido asesinados 573 líderes sociales y defensores de derechos humanos, indígenas, afrodescendientes y campesinos ambientalistas y comunales.
Para el Gobierno Duque este genocidio, como bien lo calificó Monseñor Monsalve, no pasa de ser una cifra más y poco o nada hace para evitarlo. Su premeditada indiferencia da pie para que el poder de las pistolas imponga un régimen de terror a través de la limpieza de líderes sociales, indígenas, campesinos, negros y exguerrilleros en los departamentos sometidos al capricho de los terratenientes, el narcotráfico y la presencia de grupos armados ilegales, incluidas las llamadas disidencias de Farc y el ELN.
“Frente al sostenido número de asesinatos de líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos, la CIDH exhorta al Estado a implementar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y protección de quienes defienden derechos humanos” dijo a través de un trino la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras condenar “enérgicamente” el asesinato del líder social y miembro de la guardia campesina de Corinto, Cauca, José Gustavo Arcila Rivera.
Sin embargo, en un informe que se titula “¿Quién le da las cifras al presidente Duque? Indepaz lo corrige y asegura que no se puede decir que hay una reducción del 35 por ciento de las muertes de líderes en lo corrido de éste período en comparación con igual etapa del Gobierno Santos, sino, por el contrario, hubo un aumento del 30.5%. “Asesinato de líderes y lideresas sociales del 7 de agosto de 2018 al 20 de julio de 2020, Gobierno Iván Duque Márquez: 573 asesinatos”, concluye el informe.
Es un pobre balance para Duque próximo a cumplir dos años en el poder. No es este presidente, ausente de formación política y filosófica, quien nos pueda guiar por senderos de progreso y reconciliación, menos cuando, camuflado en la crisis viral, está haciendo trizas el acuerdo de paz en las barbas del país y de la comunidad internacional; que además se propuso desprestigiar la JEP exigiéndole resultados para presionar reformas a la Justicia Transicional en el Congreso; y que, para ocultar otro hecho real y contundente, ignora deliberadamente el asesinato -otro genocidio sistemático- de 223 desmovilizados de Farc firmantes del acuerdo de paz, 192 de ellos en la mitad de su período.
Firmado el acuerdo de paz, los colombianos creímos haber superado una etapa atroz que regó de sangre la llamada Colombia profunda que sigue siendo para este gobierno una carga económica y no una necesidad estratégica para consolidar la paz; por ello la abandonó a su suerte y la dejó en manos de los pistoleros.