Duque con ceguera ante planes violentos contra Venezuela

Cbst.- Info.- UN.- 2de Mayo de 2020.- El Ejecutivo venezolano ha denunciado, con pelos y señales, los planes que se urden desde Colombia para desestabilizar al país, incluso se han aportado coordenadas exactas de los campamentos terroristas, y hasta la fecha el Gobierno de Iván Duque no ha actuado contra esos irregulares.

Ya para el sábado 4 de agosto de 2018, tras un atentado contra su vida y otros altos funcionarios del Estado, el presidente Nicolás Maduro develó que en suelo colombiano había por lo menos un campamento para formar terroristas y atentar contra Venezuela.

Luego, 20 meses más tarde, el 26 de marzo de 2020, el mayor general en retiro Cliver Alcalá Cordones confesó desde Colombia sus planes violentos contra el gobierno venezolano, maquinados también desde suelo neogranadino.

Al menos en tres oportunidades, Miraflores presentó detalles, coordenadas y fotos de las actividades delictivas contra Venezuela, sin observar reacción alguna desde la Casa de Nariño. Hasta el día de hoy, no se conocen noticias de acciones de la fuerza pública de ese país contra esos campamentos y sus integrantes.

Coherencia:
Bajo el argumento de que el Estado colombiano no admite terrorismo, ni dentro ni cerca de su territorio, el 1 de marzo de 2008, la Fuerza Aérea de ese país realizó un ataque extraterritorial al cruzar ilegalmente las fronteras con Ecuador.

Se trató de un bombardeo y posterior incursión de efectivos policiales y militares, con helicópteros, en Angostura, zona selvática próxima a la población de Santa Rosa de Yanamaru, en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos.

Durante el asalto, instruido por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez y coordinado por el entonces ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, murieron -bajo el fuego imprevisto- 22 combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Entre los trofeos ostentados por el ministro, quien posteriormente sería presidente de Colombia y premio Nobel de la Paz 2016, figuró la muerte del segundo comandante de las Farc, Édgar Devia (alias Raúl Reyes), cuya laptop fue clave para esclarecer expeditamente oscuras operaciones que terminaron siendo todas culpas del difunto, quien ya no podía decir nada al respecto.

Pero, al día de hoy, el pupilo de Uribe (la campaña electoral de Duque aseguraba seguir el legado del expresidente) ignora por completo las denuncias comprobables de actividad terrorista dentro de su territorio.

Chinácota:
El 4 de agosto de 2018, a pocas horas del atentado con drones explosivos en su contra, el presidente Maduro señaló a Juan Manuel Santos como cómplice del magnicidio en grado de frustración.

«Es clara y hay pruebas suficientes de la participación del Gobierno de Colombia saliente de Juan Manuel Santos. Tenemos la ubicación y los nombres del lugar, en Chinácota, al norte de Santander, donde colombianos entrenaron a los asesinos terroristas», expuso Maduro.

Desde entonces, los trabajos de inteligencia del Gobierno venezolano exponen, con lujo de detalles, las empresas magnicidas y golpistas que se despliegan desde el vecino país.

En el caso de los drones, al menos 19 personas, entre ellos Juan Requesen (detenido a seis días del atentado) y Julio Borges (aún prófugo de la justicia), fueron identificadas por intentar que aeronaves no tripuladas estallaran para asesinar al primer mandatario nacional y personas clave en el Gobierno.

Los detenidos brindaron datos muy valiosos para detener futuras aventuras golpistas que no significaron, en ninguno de los casos, la apertura de una investigación por parte del Gobierno de Duque.

Maicao, Riohacha y Sierra Nevada:
Un año después de los atentados con drones, a finales de agosto de 2019 se logró detener un plan terrorista nuevamente orquestado en Colombia.

En esa oportunidad el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, explicó que “gracias a la ayuda de la población venezolana, la misma que quiere vivir en paz, se descubrió una bomba que fue desmantelada por especialistas del Ejército venezolano”.

Aseguraron los implicados que fue un intento para asesinar a testigos de otros planes y causar daños a la infraestructura.

La investigación señaló como autor logístico de la operación al funcionario colombiano Rayder Ruso, alias Teniente Pico, y a un ciudadano con doble nacionalidad de nombre Luis Gómez Peñaranda, encargado de colocar los explosivos en el Palacio de Justicia venezolano.

En un video, Gómez Peñaranda aseguró que fue detenido infraganti con material explosivo que sería usado para bombardear el Palacio de Justicia y confesó otros dos intentos fallidos: “el sábado 17… uno en la sede de los colectivos del 23 de enero; bloque 40” y “uno en la sede del Faes, de Cotiza”.

Reveló que las operaciones “son dirigidas desde Colombia por Reiner Russo, alias Pico” y que el líder es Cliver Alcalá Cordones.

Rodríguez alertó que el colombo-venezolano delató la existencia y ubicación de tres campamentos terroristas, en Maicao, Riohacha y la Sierra Nevada de Santa Marta.

Pelos y señales:
El miércoles 25 de marzo, luego de la incautación del arsenal, el vicepresidente Rodríguez señaló la ubicación exacta de tres campos de entrenamiento en la ciudad de Riohacha, Colombia.

“Sabemos que en Riohacha funcionan tres campamentos donde entrenan a mercenarios para activar planes contra Venezuela”, aseguró.

Explicó que en las coordenadas 11°32.3’4″ N 72°55’14″O. está ubicado uno de los campamentos paramilitares donde se entrenan asesinos.

Datos que permiten a quien desee constatar la veracidad de la información acudir al sistema de posicionamiento global y confirmar o desmentir si en Riohacha, carrera 19, entre calles 21 y 22, hay o hubo un centro de entrenamiento paramilitar.

Precisó Rodríguez la dirección de otro de los tres campamentos en la Carretera 7-H con calle 34, casa número 22, de la misma población. Agregó que el único con autoridad legal para indagar, es decir, el Gobierno de Duque, aún no reporta investigación alguna.

El arsenal:
Otra demostración de la inacción de Duque ocurrió en marzo de este año, cuando una alcabala de tránsito en Barranquilla estropeó los nuevos planes terroristas contra el país.

El 4 de marzo, policías colombianos de tránsito interceptaron un arsenal valorado en medio millón de dólares y las investigaciones de las autoridades neogranadinas arrojaron que las armas eran para agredir a Venezuela y asesinar a altos funcionarios del Gobierno nacional.

Al tratarse de una acción de sus propios órganos de seguridad, algunos esperarían que la fiscalía o el ministerio de Justicia hicieran algo al respecto.

Confesión de parte:
Durante una entrevista en vivo, concedida a la emisora W radio de Colombia, y luego a través de un video que él mismo grabó y difundió en redes sociales, Alcalá Cordones confesó un plan terrorista organizado para aprovechar el estado de alerta constitucional decretado por el Ejecutivo tras la llegada al país del covid-19.

En su pormenorizada confesión, Alcalá confirmó pública, notoria y comunicacionalmente todas las denuncias presentadas durante años por Miraflores y dejó en evidencia que la Casa de Nariño no quiere o no puede investigar.

Después de que el departamento de Justicia de EEUU pusiera precio a su cabeza, tras la incautación de las armas, el exmilitar, convertido en terrorista, delató los planes de magnicidio y golpe de Estado. Señaló que entre los asociados a esta acción estaba Juan Guaidó, J.J. Rendón y asesores gringos, al tiempo que declaró que el Gobierno colombiano supo de su boca acerca del tráfico ilícito de armas.

Visto que el exmilitar “declaró públicamente que, junto a Guaidó y asesores norteamericanos, pretendían bañar de sangre a Venezuela”, el fiscal general de la República, Tarek Williams Saab, abrió una investigación contra Guaidó y Alcalá.

No obstante, la fiscalía colombiana no anuncia todavía alguna acción. En cambio funcionarios de ese país escoltaron a Alcalá Cordones hasta un avión estadounidense, que abordó sin esposas o alguna señal de estar privado de su libertad.

Ceguera pasmosa:
Tras la bomba detectada en Caracas, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, declaró que el Gobierno de Colombia “presenta un problema de salud visual”.

Aseguró que su homólogo colombiano de aquel momento, Guillermo Botero, tenía “blefaroespasmo (espasmos que mantienen los ojos abiertos) voluntario a la hora de enfocar lo que supuestamente sucede desde Venezuela contra Colombia y una ceguera pasmosa sobre la conspiración que se gesta en ese país” contra el nuestro.

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