Delincuencia organizada: Fiscalia reabre casos de desfalco con CADIVIDI

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CBSTinfo.- El Fiscal General de la República, Tarek Wiliam Saab, informó que fueron privados de libertad los hermanos Juan Miguel Lozano Espinoza y Andrés Daniel Lozano Espinoza, propietarios de la empresa de servicios funerarios y actividades conexas, Corporación Bates Hill C.A., por su presunta responsabilidad en la adquisición irregular de divisas para la compra de materia prima.

Durante una rueda de prensa ofrecida en la sede principal del Ministerio Público, en Caracas, Saab señaló que en este caso se detectó una sobrefacturación que oscila entre 14 mil % y 130 mil %.

Explicó que el Ministerio Público solicitó la referida privativa de libertad ante el Tribunal 26° de Control del Área Metropolitana de Caracas en contra de los empresarios, por estar presuntamente incursos en los delitos de obtención ilícita de divisas, asociación y legitimación de capitales.

Los referidos tipos penales están previstos en las leyes orgánicas de Régimen Cambiario y sus Ilícitos; contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, así como la Ley contra la Corrupción.

El titular de la acción penal en Venezuela señaló que la mencionada empresa recibió 17,2 millones de dólares entre 2005 y 2014 para importar químicos necesarios en la elaboración de placas funerarias y para descomponer materiales ferrosos, los cuales fueron cotizados a 650 y 724 dólares por kilo, pese a que su precio en el mercado internacional oscilaba entre 0,5 y 5 dólares por kilo.

Destacó que la investigación penal, coordinada por el Ministerio Público, la Policía Anticorrupción y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, determinó que los hermanos Lozano obtuvieron 15,56 millones de dólares en el lapso de 2011 a 2014 a través de la modalidad de “Empresas Productivas”, para así valerse de la simplificación de trámites que disfrutan las empresas que trabajan con productos de primera necesidad.

Reveló que se efectuaron cuatro allanamientos en las oficinas de la empresa y viviendas de los propietarios, y agregó que los hermanos tenían una compañía en Panamá, llamada Corporación Bates Hill INC, que era usada para colocar el dinero sustraído a la nación en ese país. Agregó que los mismos dueños aparecen como accionistas de otras 25 compañías.

Saab explicó que esta situación irregular fue detectada tras haberse cotejado las cifras con la Gerencia de Valor del Seniat, en contraste con transacciones realizadas al precio real por otros proveedores que importaron los mismos productos por medio de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi).

Hasta las últimas consecuencias

El Fiscal General de la República advirtió que por estos hechos no solamente serán investigados los propietarios de empresas, sino que también se abrirán averiguaciones en contra de los funcionarios que actuaron como cómplices necesarios para la comisión de delitos de corrupción, por los cuales habrían podido recibir comisiones fraudulentas.

“No sólo se investigará a los empresarios, se investigará a los funcionarios que engañaron al Estado”, añadió el también Presidente del Consejo Moral Republicano.

Empresas de maletín

Asimismo, reveló que esta semana se realizaron allanamientos en la empresa Magma Mineral Group INC, cuyo propietario Walter Eduardo Jaramillo Rivas, la cual fue beneficiada con 8,94 millones de dólares preferenciales entre 2008 y 2011, sin cumplir con los requisitos necesarios para ello, como lo es contar con domicilio fiscal.

A Jaramillo Rivas, quien se encuentra prófugo de la justicia venezolana, se le está tramitando la alerta roja ante la Organización Internacional de Policía Criminal.

Igualmente, el Ministerio Público está investigando a los accionistas de la Cooperativa Fortezza Da Brasso R.L, Eli Saúl Tejada, José Rosal, Laura Muñoz, Paolo Ganeza y Saberio Porta, por adquirir irregularmente 27,96 millones de dólares entre los años 2005 y 2013, para la obtención de rubros como ácido fosfórico, cueros preparados de porcino y caprino y peróxido de benzolo.

En este sentido, Saab hizo un llamado a los países que acojan a las personas vinculadas a estos delitos, a fin de que gestionen su regreso a Venezuela para continuar con el proceso legal correspondiente.

Reiteró que el objetivo de la lucha contra la corrupción es repatriar el dinero desfalcado que le corresponde a Venezuela.

El funcionario garante de la legalidad en el país indicó que esta problemática data de julio de 2014, cuando se emprendió una convocatoria a más de mil empresas para verificar el uso correcto de las divisas, por mandato del Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros.

En este sentido, Saab manifestó que a ese llamado no respondieron 230 empresas y por ello, se le solicitó a la pasada gestión del Ministerio Público abrir un procedimiento judicial, “que no existió”.

Sostuvo que unas 900 empresas sobrevaloraron los productos importados en el sector químico. “Por esta acción, se abrió una simple investigación, pero sin impulso procesal”, puntualizó.

Medidas cautelares para estudiantes de la UPEL

Por otra parte, Saab informó que en medio de la audiencia preliminar de este miércoles 27 de septiembre, el Ministerio Público solicitará ante la Corte Marcial Militar el otorgamiento de medidas cautelares para los 27 estudiantes detenidos de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), quienes a su juicio “por un tema de derechos humanos, merecen la libertad”.

Los universitarios habían sido aprehendidos el pasado 2 de julio por la colocación de una pancarta en Maracay, estado Aragua.

27/09/2017

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