Italia. Venezuela no está sola #No+Trump

15 Ago. CBST-INFO.AG.- 

Por Geraldina Colotti

Se celebró un debate en Frisolino, un pequeño pueblo de la provincia de Génova, titulado «Información y democracia, el caso de Venezuela», organizado por Rifondazione Comunista, por la Asociación de Amistad Italia Cuba, por las BRICS-PSUV y el CONAICOP en el marco de la Festa della Rinascita, y el día del 93 cumpleaños de Fidel Castro.

Presentes representantes políticos de todas las formaciones a la izquierda del Partido Demócrata para decir NO al bloqueo criminal impuesto por Trump a Venezuela, similar al que ha perseguido la revolución cubana durante más de sesenta años. Desde el palco, el grupo musical Antico Rione expresó su solidaridad con la Venezuela bolivariana, diciendo que estaban dispuestos a «ir a tocar gratis en Venezuela en cualquier momento». Luego, la colección de firmas contra la agresión imperialista y las fotos con la consigna NO + TRUMP.

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Pompeo confirma una vez más evidente fracaso de Guaidó

05 Ago.CBST-INFO.AG.-

Por: Gabriel Iachini (*)

Según reseña el portal Caraota Digital, en una nota publicada el pasado jueves, el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, habría dicho en una entrevista telefónica a El Diario de Cuba que “cualquier nuevo líder político de Venezuela debe sacar a los cubanos de su aparato de seguridad”.

En estas declaraciones, más que repetir el trillado discurso de la supuesta injerencia de Cuba en Venezuela, el funcionario de la Casa Blanca vuelve a dejar abierta la posibilidad de imponer un “nuevo líder” de la oposición, tras el fracaso del diputado Juan Guaidó, quien luego de seis meses de su autoproclamada “presidencia interina”, ha dejado un sabor amargo en sus filas por no lograr el famoso y manido “cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”, con el que se juramentó en una plaza pública de Caracas, el pasado 23 de enero.

A comienzos de junio, según filtró The Washington Post, Pompeo habría confesado la existencia de una lista de al menos 40 aspirantes a la presidencia de la Venezuela, que van desde el propio Guaidó, pasando por Leopoldo López, María Corina Machado, Antonio Ledezma, Henry Ramos Allup, Julio Borges, Henrique Capriles, Diego Arria, Carlos Vecchio, Manuel Rosales, Lilian Tintori y hasta el empresario Lorenzo Mendoza.

En días recientes, las críticas al liderazgo de Guaidó volvieron a la palestra de los editoriales de la prensa internacional. ABC, El Espectador y CNN, por mencionar algunos, son una muestra, para nada chavista, del fracaso de Guaidó.

Entre las promesas incumplidas, señalan además del gran fiasco que ha resultado el “cese de la usurpación”, la entrada “sí o sí” de la supuesta ayuda humanitaria, recolectada en Cúcuta en febrero pasado –y que habría sido robada por sus propios “garantes”, según destapó The Panam Post-, la fallida insurrección militar del 30-A, y el desencanto que ha originado entre sus seguidores y acérrimos rivales, que le reclaman por “negociar” con el Gobierno cuando prometió derrocarlo con una fórmula casi mágica que devenía de su autoproclamación.

Este nuevo “desliz” de Pompeo parece confirmar lo que se venía comentando sobre Guaidó entre algunos círculos de expertos. Incluso en días posteriores al audio filtrado por The Washington Post, el director asistente de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola) para Venezuela, Geoff Ramsey, expresó que “después de no conseguir resultados, una vez pasados los seis meses de Guaidó, es necesario reconocer que deberíamos cambiar de fórmula”.

(*) Politólogo venezolano

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Bachelet y las pruebas

“Es la hija del general Bachelet. Nada más” por Sergio Rodríguez Gelfenstein

CBST Noticias.- Prudente silencio hice ante el anuncio de la visita a Venezuela de Michelle Bachelet en su condición de alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

A pesar que tuve el natural impulso de escribir sobre el tema dado los antecedentes políticos de la funcionaria internacional, me abstuve por respeto a muchos amigos en el país y el exterior que forjaron expectativas a partir de la supuesta honorabilidad y respetabilidad de la susodicha, lo cual auguraba neutralidad e imparcialidad en el informe que habría de elaborar.

Es menester decir que, como hijo de un hombre que fue preso y torturado en democracia en Venezuela y en dictadura en Chile, que además tengo decenas de amigos y amigas que pasaron por la prisión, la tortura y la desaparición forzada en varios países de la región, repudio y rechazo la práctica de violación de los derechos humanos venga de donde venga. La alta comisionada, la autoridad superior en esta materia en el mundo, debería también observar esta compostura en el cumplimiento de sus responsabilidades.De esta manera, no me voy a referir al informe que hizo, el cual ni siquiera voy a leer, pero, como le dije a todos los que quisieron escucharlo, ese informe estaba hecho antes que Bachelet llegara a Caracas, agregando el hecho que, dada la trayectoria de la mencionada funcionaria, muy probablemente el mismo había sido elaborado en Washington.

Hoy, eso ha quedado demostrado cuando el Gobierno de Venezuela ha dicho que el 82% de los datos del informe provienen de fuera del país. Tengo serias dudas de que ese trabajo haya podido hacerse después del viaje de la comisionada a Caracas. No, ya estaba elaborado.

Es decir, no se trata de si el informe dice o no dice la verdad, sino de cuánta veracidad pueda tener un reporte de una oficina que tiene una pésima reputación y de una funcionaria que carece de credibilidad en materia de derechos humanos dadas las continuas violaciones de los mismos mientras fue presidenta de Chile, sobre todo en la brutal represión al pueblo mapuche.

Otros argumentaban que nada podría ser peor en materia de lealtades imperiales que las del antecesor de Bachelet en tal responsabilidad, el príncipe jordano Zeid Raad Hussein, de conocida subordinación a Washington, donde hizo una larga pasantía como embajador de Jordania primero y representante de su país en la ONU posteriormente.Pero, como dice un sabio dicho popular en Venezuela “deseos no empreñan”, me impresionó la inocencia de tantas personas que todavía tienen a Bachelet como un adalid de los derechos humanos cuando su impronta muestra todo lo contrario.

Parece increíble que alguien pueda pensar que Bachelet pueda ser imparcial respecto de Venezuela cuando ella fue activa y entusiasta fundadora del grupo de Lima, un anexo de la OEA creado para propiciar el derrocamiento del Gobierno venezolano. En el colmo de la desfachatez, en algún momento, cuando se le inquirió sobre tal asunto, echó toda la culpa de sus actuaciones en esta materia a su canciller, Heraldo Muñoz, a quien según dijo “no puedo controlar”.

Fiel a esa forma de actuar y pensar, una vez más Bachelet le ha hecho asumir la responsabilidad sobre el actuar de su oficina a los funcionarios colocados en sus puestos “por mi antecesor” a los que supuestamente tampoco puede controlar.

Bachelet es de esos extraños personajes que en política podrían caracterizarse de “extremo centro”, es decir, no opinan, no se comprometen, dejan hacer, echan la culpa a otros y no asumen responsabilidades, al parecer características afines a la política chilena si nos atenemos a que dos veces fue elegida presidenta de la nación austral, pero tal identidad en ella no es natural, es asumida concientemente por instrucciones superiores que estudiaron su perfil y entendieron que era esa la forma más adecuada para colocarla en las más altas instancias de Gobierno.

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En junio de 2014, cuando Zeid Raad Hussein fue elegido para el cargo, los abogados especialistas en derechos humanos Javier El-Hage y Roberto González escribieron un artículo en el periódico madrileño El País en el que al describir esa responsabilidad dentro de la estructura de la ONU decían que: “…hasta ahora las acciones del alto comisionado han sido en el mejor de los casos tímidas, por lo general carentes de norte democrático y a veces incluso reñidas con los ideales que persigue. Esto se debe a que la OACDH sufre, aunque en menor medida, del mismo problema estructural que padecen otros órganos de la ONU como el Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos Humanos, cuyos pronunciamientos y acciones concretas están altamente influenciados por dictaduras con poder de veto y membrecía mayoritaria”.Si nos atenemos al historial de los dos últimos altos comisionados, estas opiniones resultan ampliamente atinadas.

En el caso de Michelle Bachelet, después de ser una insignificante militante política en el partido socialista de Chile, según un artículo publicado en el desaparecido periódico santiaguino La Nación, el 16 de enero de 2006, se marchó a Estados Unidos a cursar “…un diplomado sobre estrategia militar en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE) al que asistieron doce alumnos: seis oficiales de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, y seis civiles donde, por su buen rendimiento, obtuvo el primer lugar de la promoción, y gracias al patrocinio de la Beca Presidente de la República continuó en 1997 un curso superior sobre defensa continental en el Colegio Interamericano de Defensa, ubicado en Washington DC, Estados Unidos. A su regreso en 1998, Bachelet trabajó un año como asesora del Ministerio de Defensa Nacional”.

Curiosamente, a partir de ese momento inició su fulgurante despegue político que la llevó —en tan solo 8 años— a ser elegida presidenta de Chile. Todo indica que difícilmente ha podido desprenderse de la tutoría que el Pentágono ha ejercido en ella.Según la organización Mapuche Meli Wixan Mapu, en octubre de 2018 había en Chile 20 presos políticos mapuche injustamente condenados por la Ley Antiterrorista aprobada en ese país el 16 de mayo de 1984, cuando no había Parlamento durante la dictadura de Pinochet. Bachelet no hizo nada por eliminarla en sus dos Gobiernos, al contrario, profundizó la represión contra el pueblo mapuche durante sus dos gestiones.

Hay que decir que desde 2001, durante los Gobiernos de la posdictadura, en la mayoría de los cuales participó el partido de Michelle Bachelet, fueron asesinados 19 mapuche, de ellos dos, Johnny Cariqueo Yáñez en 2008 y Jaime Facundo Mendoza Collío en 2009, fueron exterminados durante el primer Gobierno de Bachelet. Luego, dos más, José Mauricio Quintriqueo Huaiquimil en 2014 y Víctor Manuel Mendoza Collío en 2014, lo fueron en el segundo Gobierno de la ahora funcionaria internacional, sin que ella hiciera absolutamente nada por aclarar los homicidios.

Estos hechos hacen que Michelle Bachelet sea considerada como una feroz represora por parte del pueblo mapuche. Desde su llegada al Gobierno en 2006, ordenó la represión a comuneros y comuneras mapuche de la localidad de Quepe, de la Comuna de Freire, en la región de la Araucanía, que protestaban por la instalación de un aeropuerto en ancestrales territorios mapuche usurpados por la fuerza a sus legítimos propietarios. En agosto de ese año, fue asesinado Juan Lorenzo Collihuin Catril, de 71 años, su asesino: un sargento de carabineros que fue absuelto del caso por la Fiscalía Militar.

El 30 de octubre de 2007, Juan Patricio Queipul Millanao, de solo 13 años de edad, fue herido en el tórax por 6 disparos hechos por Carabineros con sus escopetas antimotines.El 3 de enero de 2008, fue asesinado por la espalda Matías Catrileo Quezada, de 22 años, por el cabo 2° de carabineros, Walter Ramírez, sin que las autoridades realizaran investigación alguna para hacer justicia. El día 30 de ese mes de enero, Patricia Troncoso, quien se encontraba en huelga de hambre por 112 días tras ser condenada junto a otros comuneros mapuche a 10 años y 1 día bajo la ley antiterrorista de Pinochet que sigue imperando en Chile, concluyó su ayuno.

La noticia habría pasado inadvertida sino hubiera sido porque, acompañada por la madre de Matías Catrileo, le escribió una carta a Bachelet en la que le decía: “Yo quiero preguntarle(…) Usted que fue prisionera política, que fue torturada, siente hoy el placer de torturarnos a nosotros. ¿Qué siente usted señora presidenta? (…) ¡Qué lástima que usted se haya olvidado de todo lo que significa la prisión política y la muerte de tantos seres! Usted, con la actitud soberbia de su Gobierno, de sus representantes, hoy en día nos torturan condenándonos a una muerte silenciosa”.

En otro ámbito, durante la realización en agosto de 2007 de protestas convocadas por organizaciones sindicales descontentas con la política neoliberal de Bachelet, la represión ordenada por ésta dejó unos 50 heridos y 372 detenidos. Los actos estuvieron acompañados de incidentes debido a la fuerte acción de la policía.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Arturo Martínez, llamó al Gobierno a analizar la violencia, a su juicio “inusitada”, con que actuó la policía. La jornada comenzó cuando miles de manifestantes que salieron pacíficamente a las calles fueron reprimidos con fuerza por carabineros, que detuvieron en pocas horas a un centenar de personas.Continuando con su política de represión al movimiento popular, durante los primeros meses del año 2008, en las ciudades más importantes del país, los estudiantes secundarios y universitarios desarrollaron movilizaciones exigiendo la derogación definitiva del marco legal de educación creado por la dictadura.

La respuesta del Gobierno de Bachelet fue ponerse de acuerdo con los partidos pinochetistas para aprobar una nueva ley que en los sustancial dejaba todo igual, toda vez que no modificaba su carácter neoliberal y perpetuaba el beneficio de los que lucran con la educación en Chile. Para ello, Bachelet jugó el papel de articuladora entre las partidos de derecha que estaban dentro y fuera del Gobierno: Democracia Cristiana y los pinochetistas Renovación Nacional (RN) y Unión Democrática Independiente (UDI) en la oposición, así como con la desprestigiada y mafiosa Iglesia católica, el Opus Dei y otros actores que se han enriquecido con la educación en el país.

Mientras tanto, la presidenta ordenó reprimir con dureza las movilizaciones estudiantiles a fin de ablandar a los líderes, para cooptarlos y desarticular el movimiento, lo cual fue de alguna manera logrado. En el camino, las fuerzas represivas bacheletistas agredieron brutalmente a un periodista que reportaba los hechos.

Vale la pena recordar también que a finales de diciembre de 2010, un cable de WikiLeaks hizo público que un documento obtenido de la Embajada de Estados Unidos en Chile fechado el 7 de febrero de 2008 afirmaba que la entonces expresidenta Bachelet había pedido apoyo de inteligencia a Estados Unidos para dar seguimiento a la “radicalización” del conflicto mapuche y sus posibles contactos con “otros grupos terroristas extranjeros”.Con ello, Bachelet mostraba ya no solo su talante represivo, también permitió constatar su verdadera identificación nacional al estar dispuesta a ceder la soberanía de Chile autorizando al Gobierno de una potencia extranjera a inmiscuirse en los asuntos internos del país, a fin de reprimir a un pueblo que lucha por sus legítimas demandas.

En fechas más cercanas, ya durante su segundo Gobierno, la organización proestadounidense Amnistía Internacional, ante la desfachatez por el desconocimiento del Estado chileno de los derechos humanos, se vio obligada a recomendar al Estado de Chile una serie de políticas en favor del respeto de los derechos humanos.

Precisamente, hicieron mención a la aplicación de la Ley Antiterrorista. En este sentido, la secretaría general de esa organización, Irene Khan, afirmó en 2008 que: “Los pueblos indígenas son muy discriminados y marginados en Chile, y se ven a sí mismos como víctimas de una estrategia económica que está destruyendo su vida y su sustento”.

A este respecto, Hernando Silva, coordinador jurídico del Observatorio Ciudadano, al referirse a la aplicación de esta ley en los gobiernos de la posdictadura dijo que : “La criminalización de la protesta social indígena, que ha sido un fenómeno que surgió principalmente durante el Gobierno de Ricardo Lagos, fue una tónica que se repitió durante el Gobierno de Michelle Bachelet, por cuanto se utilizaron figuras penales excepcionales para desvirtuar los procesos de reivindicación de derechos de las comunidades mapuche”.El tiempo transcurrió y el olvido se hizo eco del pueblo chileno que reeligió a Bachelet en 2014 para un nuevo período presidencial de cuatro años. Uno de sus planes emblemáticos fue una vez más la represión del pueblo mapuche. Para esto diseñó la denominada Operación Huracán, que configuró acciones nunca antes vistas, ni siquiera en tiempos de la dictadura. La disposición de montajes de operaciones de falsa bandera al más puro estilo del Gobierno colombiano de Álvaro Uribe, que condujo a acusaciones de líderes mapuche para justificar la más brutal represión contra ellos, fue el sello más importante de este segundo Gobierno de Bachelet.

El funcionario que dirigió las operaciones, alto dirigente del partido socialista de Chile, realizó reuniones con autoridades judiciales, policiales, con fiscales y abogados para construir una trama a objeto de criminalizar a los líderes mapuche. En lo más alto de la cúpula de este criminal entramado se encontraba el ministro del interior y la propia presidenta Bachelet, tal como lo denunció Rodrigo Román, abogado de la Defensoría Popular en declaraciones a la Radio de la Universidad de Chile.

Román afirmó que Bachelet no había sido afectada porque estaba protegida por “los ricos, los poderosos y los medios”, recordando además que “una de las ofertas de campaña de Bachelet para llegar al ejecutivo fue la no aplicación de la Ley Antiterrorista”, pero “lejos de no aplicarla, ha invertido cuantiosos recursos para condenar a los peñis [hermanos en mapudungun, la lengua mapuche] sobre conductas terroristas”.Continuando con su estela de represión, en septiembre de 2016, la lideresa mapuche Juana Calfunao fue condenada a 5 años de cárcel por negarse a aceptar la construcción de un camino que pasaba por su propiedad. Desde hace más de 20 años, la comunidad Juan Paillalef, a la que pertenece la lonko [jefe/a de una comunidad mapuche] mantiene un conflicto con el Estado debido a que se opone a la ruta trazada para tal vía que “dividiría a su comunidad y destruiría espacios sagrados donde se realizan ceremonias y rogativas, y además, su construcción no ha sido consultada de forma previa, libre e informada como lo determina el Convenio 169 de la OIT” según un reporte del portal digital chileno eldesconcierto.cl.

En marzo de 2011, Calfunao encaró a la expresidenta Michelle Bachelet en el Parlamento Europeo en Bruselas por la aplicación de la Ley Antiterrorista.

Bachelet siempre guardó silencio como presidenta y lo sigue haciendo en su nueva función de proteger a los amigos de Estados Unidos desde la ONU, mientras utiliza su cargo para atacar a los que lo adversan, actuando de la manera servil y rastrera que la caracteriza.

Incluso, inmersa en una patología conocida como Síndrome de Estocolmo, se ha encargado de proteger a los militares incursos en la violación de derechos humano durante la dictadura no moviendo un dedo para que fueran eliminadas las cárceles cinco estrellas donde asesinos, violadores y torturadores pasan su maravillosa existencia en condiciones materiales óptimas. Es de suponer que esto también sea parte del acuerdo con el Pentágono, toda vez que hasta Sebastián Piñera, sin haber cambiado mucho, ha tomado medidas en este ámbito.Así, en el desempeño de su más reciente responsabilidad, Bachelet guarda absoluto silencio frente a las brutales violaciones de derechos humanos de las monarquías árabes aliadas de Estados Unidos, no opina sobre los ataques de Israel al pueblo palestino, no se inmuta ante el desastre humanitario que Arabia Saudí está produciendo en su guerra contra Yemen, tampoco se ha enterado que en Colombia todos los días asesinan activistas sociales, de derechos humanos y desmovilizados de las FARC.

Ha asumido mudez absoluta ante los crímenes del Gobierno de Honduras, no se ha dado cuenta que todos los meses la policía de Estados Unidos asesina a ciudadanos negros solo por esa condición, ni ha hecho mención a la brutal represión y exterminio de migrantes en Estados Unidos y ha emitido una débil voz en la imprescindible condena a la ilegal detención de Lula.

Ella sabe que la sola evocación de cualquiera de esas flagrantes violaciones a los derechos humanos le haría perder su cargo, por eso prefirió asegurarlo al aceptar entregar el informe que Washington hizo sobre Venezuela.Resulta curioso darse cuenta de que, a diferencia de los otros tres presidentes de su alianza política que le precedieron, los que entregaron el poder a otro miembro de esa coalición, Bachelet en dos ocasiones traspasó el bastón de mando al pinochetismo en nombre de Sebastián Piñera y que, en ambos casos, Estados Unidos le consiguió un puesto en un organismo internacional para asegurarle una huida económicamente provechosa. Uno inocentemente podría preguntarse: ¿para quién trabaja?

Ella ha cumplido su parte y con Venezuela lo ha hecho con creces, con el mismo ímpetu, dedicación y esfuerzo con los que participó en la fundación del Grupo de Lima, creando condiciones nuevamente para justificar una intervención militar en Venezuela. Debe saber que, si ello ocurriera, deberá ser acusada como una criminal de guerra, cómplice del genocidio que sobrevendrá.

Quiero repetirlo, no me interesa el informe que haya hecho Bachelet, no tiene ninguna validez, toda vez que fue elaborado antes de su visita al país, además según dicen los que lo leyeron, no incorporó ninguna de los datos que aportó el Estado venezolano, es decir fue un juicio sin derecho a defensa.

No se trata del informe, incluso si todo lo que ahí se dijera fuera verdad, el problema es si esa oficina posee real autonomía e imparcialidad para hacerlo y si la persona que lo conduce tiene la autoridad ética y moral para dirigirla. Evidentemente, no. En esa medida es que carece de valor el informe que ha hecho. La impronta de su vida política anula la validez del informe.Ella actuó como lo que es, una persona sin opinión que funciona a favor de quien le paga, nunca ha tenido criterio propio para nada, alejada de cualquier ética o compromiso con la humanidad. Hasta cuando su hijo, funcionario en La Moneda bajo su mandato presidencial, realizó actividades fraudulentas que la justicia está investigando, dijo que no sabía nada. Nunca sabe nada, otros saben por ella, otros piensan por ella.

Estimados lectores y lectoras, cree usted que con semejantes antecedentes, una persona puede hacer un informe de manera imparcial y objetivo sobre algo, sobre cualquier cosa, no solo sobre derechos humanos. Imposible, la deleznable naturaleza de las acciones que ha realizado a lo largo de su vida política la retrata y la desnuda.

Recuerdo cuando en Viena en el año 2006, en el marco de la Cumbre Unión Europea-América Latina, el presidente Chávez se reunió con ella por primera vez, al preguntarle si tras la reunión emergía alguna instrucción para el Gobierno, el comandante solo dijo: “Ella es la hija de mi General Bachelet”. Solo eso es. No le da para nada más.

 

Por Sergio Rodríguez Gelfenstein

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Bachelet y las pruebas

#Opinión Consigne las pruebas, señora Bachelet por Pasqualina Curcio Curcio

CBST Noticias.- Se ha convertido en práctica habitual la politización e instrumentalización de los derechos humanos como excusa, por parte de EEUU, para invadir territorios y violentar soberanías. Mientras tanto, el Sistema de Naciones Unidas, con discursos ambiguos, sin fijar posición y exigir el respeto de la norma internacional ha sido complaciente al poderío imperial y a los intereses de los grandes capitales. Se ha prestado a la política de la guerra. De manera vergonzosa e ignominiosa se ha sumado a la mentira y a la manipulación. Ha sido cómplice.

La humanidad sigue esperando las pruebas de las armas de destrucción masiva en Irak, mentira que sirvió para justificar la invasión a ese país por parte de EEUU en 2003 ocasionando la muerte de más de un millón de personas.

Como humanidad también seguimos esperando las pruebas de las afirmaciones realizadas por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navy Pally, quien el 25 de febrero de 2011 presentó un informe que abrió las puertas para la invasión militar en Libia con la excusa de una intervención humanitaria.

De manera irresponsable la Alta Comisionada Pally dijo: “Aunque los informes aún son irregulares y difíciles de verificar, una cosa es dolorosamente clara: en el descaro y la continua violación del derecho internacional, la represión en Libia de las manifestaciones pacíficas se está intensificando alarmantemente con los asesinatos masivos, los arrestos arbitrarios, la detención y la tortura de los manifestantes. Según algunas fuentesmiles pueden [sic] haber sido asesinados o heridos (…) Según varios informes, los combatientes extranjeros también cometieron asesinatos que, según informes, continúan siendo llevados al país y equipados con armas pequeñas y ligeras por parte del gobierno para reprimir las protestas.”[1]

Sin pruebas en mano, por el contrario consciente de la no verificación e irregularidad de la información, las palabras de Navy Pally dieron pie a la Resolución A/HRC/RES/S-15/1 de fecha 03 de marzo de 2011, en la que se establece: “El Consejo de Derechos Humanos expresa profunda preocupación por la situación en la Jamahiriya Árabe Libia, y condena enérgicamente las recientes violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos cometidas en ese país, incluidos los ataques armados indiscriminados contra civiles, las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y la detención y tortura de manifestantes pacíficos, que en algunos casos pueden constituir también crímenes de lesa humanidad”[2]

Nos preguntamos: ¿en qué momento verificaron los informes? ¿Efectivamente fueron miles los asesinados y heridos? ¿Cuántos exactamente? ¿Verificaron las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y los casos de torturas? ¿Dónde están las pruebas de tan grave acusación que derivó en una guerra que aún persiste y que tiene hecha pedazos a Libia?

Resolvieron además en el Consejo de Derechos Humanos, violentando la soberanía de Libia: “Enviar, con urgencia, una comisión de investigación internacional independiente, que será nombrada por el Presidente del Consejo, encargado de investigar todas las presuntas violaciones de las normas internacionales de derechos humanos en la Jamahiriya Árabe Libia.”[3]

Las palabras de Pally y la Resolución A/HRC/RES/S-15/1 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU dieron paso a la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU de marzo de 2011 mediante la cual declararon una zona  de exclusión aérea en Libia y con ella la invasión militar por parte de la OTAN. Mientras tanto, a lo interno del país africano, un gobierno paralelo, denominado Consejo Nacional de Transición fue instaurado por parte de los factores políticos opositores al entonces presidente Gadafi.

La Alta Comisionada Michelle Bachelet, al mismo estilo que su antecesora Navy Pally, acaba de presentar el informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Repleto de imprecisiones, de información no verificada, ni verificable, de errores, omisiones y falsedades, el informe en cuestión adolece de la rigurosidad y la seriedad que exige la presentación de este tipo de documentos cuyas implicaciones coloca en riesgo la paz, no solo de Venezuela, sino de la América entera.

No ocuparemos estas líneas en resaltar la parcialidad del informe presentado por Bachelet al referir información proveniente solo de los factores políticos de oposición obviando datos oficiales y los informes de organizaciones como por ejemplo Fundalatin. Sobre este tema hay mucha tinta derramada. Mucho menos mostraremos la falta de rigurosidad metodológica en el levantamiento, procesamiento y análisis de la información. Sobre esto también se ha escrito.

Tampoco nos centraremos en sistematizar las contradicciones en las que incurre la Alta Comisionada al afirmar que en Venezuela no se garantizan los derechos humanos mientras que el propio Consejo de Derechos Humanos aprobó el Examen Periódico Universal presentado por el país y mientras la misma Naciones Unidas a través del PNUD acaba de calificar a Venezuela con un índice de desarrollo humano alto.

No confesaremos nuestra decepción por el hecho de que Bachelet no expresó su rechazo contundente a las amenazas de intervención militar por parte de EEUU, o porque no instó al cese inmediato del bloqueo económico, financiero y comercial contra el pueblo venezolano, o porque no reprochó los llamados al odio y a la violencia por parte de los factores políticos de la oposición que derivaron en acciones fascistas al punto de quemar vivos a seres humanos.

Mucho menos expresaremos nuestro asombro porque no repudió el intento de magnicidio contra el Presidente Nicolás Maduro en agosto de 2018, ni el del golpe de Estado en abril de 2019, o el intento de invasión en la frontera con Colombia el 23 de febrero de este año, o el intento de usurpación del cargo de Presidente de la República por parte del autoproclamado Juan Guaidó y sus intenciones de conformar un gobierno paralelo, o porque no se refirió al sabotaje al sistema eléctrico que dejó sin el servicio a todo el pueblo venezolano. Quizás son eventos tan obvios y notorios que consideró no incluirlos en el informe.

Ni siquiera mencionaremos nuestra sorpresa por el hecho de que la Alta Comisionada no haya citado el informe del Dr. Alfred De Zayas, relator independiente de naciones Unidas para un orden democrático y equitativo, quien luego de visitar Venezuela en 2017 presentó un informe en el que de manera detallada plantea la necesidad de reconocer la guerra económica, las medidas coercitivas unilaterales y el ataque a la moneda, como las causas determinantes de lo que, en lo económico y social, ocurre en el país.

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Nos detendremos si, en exigir a la Alta Comisionada la presentación de las pruebas y precisiones de todas y cada una de las graves acusaciones que hace en su informe. Pruebas que, por respeto, nos merecemos los venezolanos y la humanidad entera.

Concluye Bachelet que “…existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud, en Venezuela. El Gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas. Conforme se agudizaba la crisis económica, las autoridades empezaron a utilizar los programas sociales de forma discriminatoria, por motivos políticos, y como instrumento de control social.”

Le pediríamos que especifique cuáles son esos “motivos razonables” que la llevan a “creer” que se violan los derechos económico y sociales. ¿Con qué pruebas sustenta la afirmación que no se adoptaron medidas apropiadas? ¿Y cómo prueba que la supuesta discriminación en el otorgamiento de los programas sociales? Por ejemplo, cómo explica que se está discriminando por razones políticas la entrega de la Caja de alimentos CLAP y que solo se le entrega a seguidores del gobierno ¿quiere decir entonces que las 6 millones de familias que reciben la caja son chavistas?

¿O insinúa Bachelet que las 18 millones de personas carnetizadas en la Plataforma Patria también son todas chavistas y por ende el 100% de adultos mayores que reciben su pensión a través de dicho sistema también comulgan con la revolución bolivariana, así como los 6 millones de familias que reciben el bono “hogares de la Patria” y las 700.000 embarazadas que reciben el bono de parto humanizado y lactancia materna[4]?  Recordamos que en Venezuela somos 30 millones de personas.

Concluyó también en su informe que “Durante más de un decenio, Venezuela ha adoptado e implementado una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático, debilitado las instituciones públicas y menoscabado la independencia del poder judicial.”

¿Dónde están las pruebas de tan delicada acusación? Es importante que especifique a cuáles leyes y políticas se refiere y que demuestre cómo se ha restringido el espacio democrático en un país en el que se han realizado 7 elecciones desde el 2013 con la participación de todos los factores políticos y el reconocimiento del triunfo de la oposición por parte del gobierno.

Es importante que explique por qué afirma que se ha restringido el espacio democrático en un país en el que según su propio informe las manifestaciones contra el Gobierno aumentaron en número e intensidad a partir de 2014: “se produjeron 9787 manifestaciones en 2017, 12715 en 2018 y 9715 entre el 1 de enero y 31 de mayo de 2019”.

O es que la Alta Comisionada se refiere a las prácticas de los factores de la oposición que se han caracterizado por ser cada vez menos democráticos, por ejemplo el intento de golpe de Estado del 30 de abril de 2019, o el llamado a la abstención electoral en los comicios presidenciales del 20 de mayo de 2018, o el intento de magnicidio recientemente abortado por los cuerpos de seguridad de Estado? Si es a esta actitud antidemocrática de la oposición a la que usted se refiere, merece la pena que lo especifique en su informe.

Continúa afirmando Bachelet: “Todo ello ha permitido al Gobierno cometer numerosas violaciones de los derechos humanos. Miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han sido matadas en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años. Existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular las FAES. Estas violaciones requieren más investigación para determinar la pertinente responsabilidad del Estado y la responsabilidad penal individual.”

Muchas preguntas surgen al respecto, especialmente cuando se acusa al Gobierno de cometer “numerosas” violaciones de los derechos humanos. Las precisiones son indispensables en este apartado, así como los elementos probatorios.

La Alta Comisionada afirma que las autoridades han atacado a determinadas personas, que son miles las que han sido matadas en enfrentamientos con fuerzas estatales y que estas muertes son ejecuciones extrajudiciales. Presente las pruebas Señora Bachelet. Consigne la lista con los nombre de las miles de personas que han sido “matadas” por fuerzas estatales. Se trata de acusaciones muy delicadas que no deberían plantearse en términos imprecisos en un informe de este nivel.

Pero además, nos surge la duda de por qué emite un juicio a priori y acusa al gobierno cuando simultáneamente reconoce que se requieren investigaciones para determinar las responsabilidades. Luce contradictorio, y por lo tanto irresponsable.

Afirma Bachelet que: “El desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida, entre otros, debido al deterioro de servicios básicos como el transporte público y el acceso a electricidad, agua y gas natural”.

Consigne las pruebas, señora Bachelet, de que el desvío de los recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento son las causas de la violación del derecho a un nivel adecuado de vida. No estamos negando en lo absoluto que haya corrupción en Venezuela, pero demuestre usted que es ésta y no la guerra económica, el ataque en más de 9 mil millones por ciento de la moneda desde 2013, el bloqueo financiero, y el sabotaje a los servicios públicos lo que explica su “deterioro”.

Dijo Bachelet que: “ha aumentado la mortalidad materna evitable, con un estimado 20 por ciento de los fallecimientos maternos aparentemente relacionados con abortos realizados en condiciones no seguras”. También dijo que: “La Encuesta Nacional de Hospitales (2019) constató que, entre noviembre 2018 y febrero 2019, 1.557 personas murieron debido a la falta de insumos en hospitales” y que las: “Violaciones al derecho a la salud son resultado del incumplimiento del Gobierno de sus obligaciones fundamentales, las cuales son irrenunciables, aún por motivos económicos. Las violaciones de las obligaciones fundamentales estuvieron vinculadas a una falta generalizada de disponibilidad de y acceso a fármacos y tratamientos esenciales, al deterioro de las condiciones en hospitales, clínicas y maternidades.”

Es importante que la Alta Comisionada demuestre lo dicho porque según la información que le fue suministrada por el gobierno, la mortalidad materna disminuyó 13,76 puntos entre 2016 y 2018. Por otra parte es necesario que presente las pruebas de las 1557 personas que murieron en los hospitales por falta de insumos. Como médica debe saber que las muertes no se estiman mediante encuestas, son hechos. Adicionalmente, aproveche y demuestre que la causa de la falta y disponibilidad de fármacos es debida al incumplimiento del gobierno y no al bloqueo financiero y embargo comercial que han dificultado la importación de medicamentos y material médico quirúrgico, así como insumos para su producción.

Insiste la Alta Comisionada en afirmar que: “El número de personas que se han visto obligadas a dejar Venezuela ha aumentado dramáticamente desde 2018, alcanzando más de 4 millones para el 6 de junio de 2019. Colombia acoge la mayor cantidad de personas, seguida por Perú, Chile, la Argentina, Ecuador y el Brasil.”

Señora Bachelet, demuestre que son más de 4 millones las personas que han dejado Venezuela. Le adelantamos que le será difícil si es que no quiere entrar en contradicción con las propias cifras de Naciones Unidas las cuales indican que en Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil la tasa neta de migración es negativa, es decir, que en esos países son más las personas que han salido de las que han entrado. Por lo tanto, si de Venezuela se han ido más de 4 millones de personas hacia esos países, significa que de allí han salido muchas más de 4 millones. ¿Demuestre dónde están entonces esos supuestos más de 4 millones de venezolanos?

Por la paz de Venezuela y la de América, por respeto a la humanidad entera conviene una actitud seria y responsable. Conviene decir la verdad.

En espera de la consignación de las pruebas.

Atentamente.

Pasqualina Curcio Curcio

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Siria Devastada

#Opinión Sanciones, insurgencia y bombardeos: Siria, todavía lejos de la paz

CBST Noticias.- Desde que a principios de este año Trump anunciase que tenía pensado salir de Siria, los medios se han ido poco a poco olvidando del país. ¿Todavía siguen en guerra? Es una pregunta cada vez más recurrente.

Sí, siguen en guerra, y Trump ni siquiera se ha ido; pero ha aceptado que no va a lograr derrocar el gobierno, así que ya no necesita de campañas para legitimar su apoyo a los grupos armados.

La guerra actualmente no es tan cruenta como hace años, pero en Idlib han muerto desde abril más de 1000 combatientes.

El daño ahora lo están provocando las sanciones que, sin apenas levantar el polvo, impone EE.UU. para asfixiar a la población siria, bajo la lógica del “si no ganamos nosotros, no gana nadie”.

Ni la insurgencia del Estado Islámico (ISIS) ha sido eliminada, ni Idlib es el único frente activo. ‘El Califato’ ha sido destruido, y no hay otro territorio tan beligerante como Idlib, pero la insurgencia en el desierto sigue costando controlarla, hay rebeldes en Afrín, Alepo y el Norte de Hama, y las Fuerzas Democráticas Sirias, serviles a los intereses de Estados Unidos y cualquiera que quiera meter el hocico –desde Francia hasta Israel, pasando por Arabia Saudí– controlan todo el noreste del país, participando en la campaña norteamericana para intentar reducir al mínimo el petróleo que tiene Damasco.

Turquía y Rusia han intentado negociar la pacificación del Gran Idlib representando a la oposición y el gobierno respectivamente en cuatro sesiones de negociaciones en Astana y Sochi, pero estos diálogos han demostrado ser un fracaso dinamitados siempre por Hayat Tahrir al-Sham (HTS); el grupo más fuerte de Idlib, heredero de al-Qaeda en Siria.

Para los rebeldes la guerra es algo más que una simple contienda por hacerse con el poder. La llevan al plano espiritual de la yihad y el esfuerzo. Para los rebeldes las únicas opciones son vencer o morir.

Tal es el grado de fanatismo de los más de 30.000 combatientes que se estima que hay, que muchos de ellos pertenecen a otras regiones de Siria porque al reconciliarse estas, ellos prefirieron seguir luchando en Idlib.

Hay todavía hoy unos pocos desubicados que afirman que Idlib es un bastión de resistencia y democracia. Nada más lejos de la realidad.

El poder de Idlib reside en el Consejo de la Shura, dominado por el Gobierno de Salvación, que es el brazo político de Hayat Tahrir al-Sham (HTS), el brazo de al-Qaeda en Siria, como así lo considera la ONU.

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La ley en Idlib es la sharía, y su gobierno se dedica a financiar la yihad en Siria pero también a grupos terroristas en el exterior tales como Murabitūn, responsable del asesinato de tres españoles en África en 2009.

La única oposición que encuentran es la de grupos menores como Hurras ad-Din, tan moderados que se reivindican como la nueva al-Qaeda en Siria y piensan que deberían recuperar los ataques contra occidente.

Y aunque Turquía cuando negocia con Rusia para comprar nuevo armamento asegura querer acabar con la violencia en Siria, la realidad es que estos grupos terroristas no sobrevivirían sin la ayuda, a veces pasiva, otras directa, de los turcos.

Turquía lleva desde 2011 metiendo los morros en Siria, creando, apoyando y armando a los rebeldes, yihadistas de todo pelaje y organizaciones como Cascos Blancos.

En Ankara tienen mucho interés por mantener a la insurgencia yihadista de Siria, por lo que apoyan a todas las facciones que actualmente se han unido contra el gobierno sirio.

Ni siquiera los países que más fervientemente apoyaron a los mal llamados rebeldes moderados, están tan empeñados en mantenerlos vivos como lo está Turquía.

Con casi 4 millones de refugiados y una crisis social, económica y política que cuestiona el poder del AKP, Turquía debe dar pasos hacia la estabilidad.

Por eso no quiere que los rebeldes retrocedan, temiendo que el avance del ejército sirio provoque un éxodo de radicales y civiles hacia su frontera.

Para ello, no dudan en proteger a yihadistas internacionales, muchos de ellos de Asia Central, chechenos y chinos.

Tal es el descaro con el que Turquía apoya a los terroristas que, cuando uno de los principales mandos de HTS, Abu Mujahed al-Shami, sufrió un atentado en Idlib, lo enviaron a Turquía para ser tratado en un hospital.

Y mientras, mueren los civiles. En Idlib están muriendo civiles de ambos bandos, y eso es responsabilidad de quienes azuzan las cenizas de la guerra para que la llama nunca se apague.

De los 300 que han muerto en la última ola de violencia de Idlib que empezó hace casi tres meses, muchos han sido de zona rebelde, pero otros tantos, los más olvidados, vivían en zona gubernamental.

Explicar los conflictos en base a la dialéctica de los civiles muertos es, básicamente, explicar qué es una guerra y por qué siempre resultan tan terribles.

Unas guerras y un sufrimiento que no solo le interesan a yihadistas –para los que cuanto peor mejor– o turcos. Mientras la violencia no cesa en Idlib, desde el sur Israel continúa sus bombardeos contra territorio sirio, que ya suman cientos; tan constantes que han dejado de ser noticia. Bombardeos en los que también mueren civiles. Niños.

Pero de estos bombardeos y estas muertes apenas se informa, porque no los pueden instrumentalizar para su agenda los apologistas de la guerra que buscan intoxicar y mantener la presión sobre Siria para que el frente de Idlib nunca se pacifique.

En las costas el control de la situación tampoco parece total. Al hecho de que se esté impidiendo que lleguen a Siria los barcos iraníes que transportan petróleose le añaden recientes sabotajes que además de provocar una agudización de la crisis por falta de petróleo, amenazan con una catástrofe natural para las cosas sirias.

A finales de junio, alguien saboteó los oleoductos subacuáticos de la refinería siria de Baniyas, en Tartous, causando que el petróleo se esparciese por el mar y contaminase el entorno. De acuerdo al gobierno sirio, el sabotaje fue profesional, por lo que señalan la coordinación con fuerzas estatales externas que querían enviar un mensaje.

Se ha perdido el interés en Siria porque los planes para derrocar a su gobierno han fracasado y ya hay nuevos escenarios en los que operar: Venezuela e Irán. Pero la guerra sigue. Solo unos pocos desubicados pretenden vender la imagen irreal de Idlib.

Solo unos pocos desubicados pretenden hacernos creer que en el mayor feudo yihadista desde Afganistán, quedan grupos moderados y democráticos. Ahora la guerra entra en una nueva fase, dedicada a las sanciones que impidan que Siria prospere. Pero en Siria, la guerra sigue.

 

Por Alberto Rodríguez García

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