¿Sabes Cómo ayudar a los niños a gestionar el estrés durante el brote de COVID-19?

Covid-19: Los niños son propagadores silenciosos
Los niños pueden responder al estrés de diversas formas, por ejemplo, mostrándose más dependientes, preocupados, enfadados o agitados, encerrándose en sí mismos o mojando la cama. Muéstrese comprensivo ante las reacciones de su hijo, escuche sus preocupaciones y ofrézcale más amor y atención. Los niños necesitan el amor y la atención de los adultos en los momentos difíciles. Dedíqueles más tiempo y atención. Acuérdese de escuchar a sus hijos, hablarles con amabilidad y tranquilizarles. Cuando sea posible, organice momentos de juego y relajación con su hijo. En la medida de lo posible, trate de mantener a los niños cerca de sus padres y familia y evite separarlos de las personas que se encargan de su cuidado. En caso de separación (por ejemplo, por hospitalización), asegúrese de mantener el contacto frecuente (por ejemplo, a través del teléfono) y de ofrecer consuelo. Mantenga las rutinas y los horarios habituales en la medida de lo posible, o ayude a crear otros diferentes en el entorno nuevo, en particular actividades escolares y de aprendizaje, así como momentos para jugar de forma segura y relajarse. Explique lo que ha pasado y cuál es la situación actual y dé a los niños información clara sobre cómo pueden reducir los riesgos de contraer la enfermedad; utilice palabras que puedan entender en función de su edad. Facilite también información sobre situaciones hipotéticas (por ejemplo, un miembro de la familia y/o el niño empiezan a encontrarse mal y tienen que ir al hospital durante un tiempo para que los médicos puedan ayudarles a recuperarse).

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Aquí puedes Descargar la Ley Antibloqueo presentada Por Nicolás Maduro a la ANC

El Presidente Nicolás Maduro pidió al Poder Constituyente que debata un proyecto de Ley Constitucional que dotará al Estado venezolano de las capacidades institucionales, jurídicas y de herramientas de gestión para enfrentar y superar la más perversa, extendida y brutal agresión que haya sufrido nuestra Patria en 200 años de vida republicana. Descárgala Aquí:
Lo último| Maduro presenta Ley Antibloqueo ante la ANC

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Falso testigo contra Tareck El Aissami deja en evidencia trama de EE.UU

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Una de las primeras sanciones ilegales firmadas por el Departamento del Tesoro que inauguró el ciclo de violencia y acoso de 2017 fue la que apuntó a Tareck El Aissami, en ese momento vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela.

El gobierno estadounidense lo acusó de “colaborar con narcotraficantes y terroristas del Medio Oriente”, incluyéndolo en la famosa “lista kingpin” como acto posterior a un expediente de criminalización forjado desde los medios.

A partir de ahí se ha desarrollado una persecución político-judicial a presuntos “colaboradores” que, tres años después, no ha llegado a la presentación de evidencias sólidas, pero sí ha servido para aumentar la injerencia destructiva contra las actividades financieras de Venezuela en el exterior y para promover las incursiones militares tercerizadas en su territorio.

Ahora, la noticia que vuelve a exponer la intencionalidad política detrás de la persecución yace en la revelación de Associated Press (AP) de este sábado 26 de septiembre.

Según el reportaje de la agencia estadounidense un “informante clave” de los fiscales estadounidenses que buscan enjuiciar a Tareck El Aissami por narcotráfico “falsificó, ocultó y encubrió” su testimonio ante agentes federales, además de robar aproximadamente 140 mil dólares en una tarea a la que fue encomendado.

De este modo, las propias acciones del gobierno estadounidense han vulnerado el caso contra El Aissami y el empresario Samark López en una corte federal de Manhattan, Nueva York, basado en una frágil acusación de “utilizar compañías chárter con sede en Estados Unidos para organizar vuelos privados en aviones con matrícula estadounidense a Rusia, Turquía y dentro de Venezuela durante la campaña presidencial de Maduro en 2018”.

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El Departamento de Justicia presentó cargos por narcotráficos contra funcionarios del estado venezolano el 26 de marzo, sin pruebas. Foto: EFE

En palabras del periodista estadounidense de AP, Joshua Goodman, estas revelaciones le dan “oxígeno” a las (legítimas) denuncias realizadas por el gobierno venezolano “de que Estados Unidos está recurriendo a acusaciones inventadas para perseguir su objetivo de cambio de régimen”.

El caso de Alejandro Marín

En enero de 2018, el piloto Alejandro Marín fue captado por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) para servir de “fuente confidencial” en la trama judicial armada contra Tareck El Aissami.

Indica Goodman en la publicación de AP, que Alejandro Marín es un empresario venezolano radicado en Estados Unidos. Tiene un negocio de vuelos fletados en el aeropuerto de Opa Locka, en Miami, Florida.

Marín se había comprometido con el HSI a “ayudar en una investigación relacionada con transacciones ilícitas y otras actividades ilegales de co-conspiradores ubicados en los Estados Unidos y en el extranjero”, cita en una nota la periodista Maibort Petit.

Pero este informante, en vez de obtener alguna evidencia que robusteciera las acusaciones contra el gobierno venezolano, cometió actos de corrupción y falsificó su testimonio, haciendo imposible que los fiscales a cargo del caso esquivaran la situación.

Alejandro Marín, a la izquierda de la imagen. Foto: Instagram

La cadena de eventos indica que, en junio de 2018, los agentes del HSI acordaron con el piloto venezolano el desvío de un avión privado que contenía un paquete de 1.3 millones de euros en efectivo, supuestamente producto de “actividades ilícitas”, que serían confiscados por el gobierno de EEUU.

El piloto tomó de aquel paquete el equivalente a 140 mil dólares del dinero que los organismos federales le habían encargado trasladar y se lo entregó a un “socio extranjero” que se lo pidió, una persona identificada como “individuo-1” que formaba parte de la investigación.

Unos meses más tarde el “individuo-1” devolvió la cifra a una cuenta de una empresa controlada por Marín y éste se quedó con el dinero y no lo notificó a las autoridades estadounidenses.

El 18 de agosto de 2020, oficiales del HSI lo interrogaron para saber si había recuperado el monto que faltaba de los 1.3 millones de euros confiscados y respondió que no. También negó a los agentes federales que el “individuo-1” le hubiera pedido permiso para tomar los 140 mil dólares. Dijo que no había extraído ese dinero del paquete para dárselo.

El 28 de agosto, Marín modificó su testimonio para afirmar que, tras consultar con su contador, “recordaba” haber recibido 130 mil dólares del “individuo-1”. Las autoridades federales ya lo habían confirmado antes por unos mensajes electrónicos de Marín y la revisión de sus cuentas bancarias.

Finalmente, Marín fue arrestado en Miami el 19 de septiembre de 2020. Enfrenta cargos ante la justicia estadounidense por haber dado falsos testimonios a los agentes de Seguridad Nacional sobre los “hechos materiales usando trampas, planes y dispositivos como teléfonos celulares”.

Su caso está siendo procesado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

El antecedente iraní

A este caso de testigos fraudulentos le antecede otro de ocultación de pruebas en una acusación de corrupción a un empresario iraní, en el marco de la criminalización a las relaciones de cooperación entre la República Islámica de Irán y Venezuela.

Reseña una nota de AP que el mismo grupo de fiscales estadounidenses que conduce en la corte de Manhattan las acusaciones contra El Aissami, retuvo pruebas que beneficiaban la defensa de Ali Sadr Hashemi Nejad, empresario de nacionalidad iraní, en un juicio que lo acusaba de violar leyes estadounidenses por supuestamente haber realizado negocios fraudulentos que involucraban al Estado venezolano.

Sadr estaba esperando una sentencia que podía terminar en 125 años de prisión cuando, en junio de este año, el fiscal Geoffrey Berman desestimó los cargos (lavado de dinero, fraude bancario y conspiración para defraudar a los EEUU) alegando “problemas relacionados con la divulgación” que habrían “alterado la defensa de Sadr” por lo que “no sería de interés para la justicia seguir enjuiciando este caso”.

La jueza Alison Nathan, siguiendo las pruebas aportadas por la fiscalía, ya había emitido un veredicto en marzo, declarando culpable al empresario iraní “de utilizar una red de empresas fachada para canalizar a través de bancos estadounidenses más de 115 millones de dólares en pagos relacionados con un proyecto de construcción en Venezuela”, esquivando las sanciones del gobierno de EEUU.

El cambio brusco de los acontecimientos mereció una reprimenda de la jueza al fiscal Berman. Le exigió que presentara cualquier prueba potencialmente retenida. Además, Nathan acotó que el caso planteaba “serias preocupaciones sobre la conducta del gobierno (estadounidense)”.

Mentiras desgastadas

La insistencia en fabricar pruebas que señalen al alto gobierno de Venezuela como una empresa criminal ha derivado en pasos torpes por parte de Washington que en última instancia socavan su legitimidad como acusador.

La más absurda de ellas, la de vincular a funcionarios venezolanos con el narcotráfico, a sabiendas de que las mafias que producen la droga en la región están concentradas en Colombia y los grupos que controlan el negocio están en las instituciones estadounidenses, es una de las “pruebas” que más repite la administración Trump en su arremetida contra Venezuela.

Ha sido cuestión de muy poco tiempo y de errores en la gestión de las mentiras para que progresivamente aparezcan elementos que confirmen la estrategia detrás de esas movidas políticas: criminalizar al Estado venezolano para justificar las medidas coercitivas unilaterales, los mecanismos de acoso diplomático y la sostenida actitud beligerante del gobierno estadounidense.

El giro del fraude de Marín no sólo ha derribado el castillo de naipes judicial del caso forzado en torno a la figura de Tareck El Aissami, sino que, en general, ha desvelado cómo Washington emplea acusaciones falsas como un modelo para emprender una persecución agresiva contra altas autoridades del Estado venezolano.

Fuente: Misión Verdad 

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Aquí: El decreto de Indulto Presidencial firmado por Nicolás Maduro para liberar algunos opositores

Eligen al presidente Nicolás Maduro como Personalidad Internacional del Año 2019

@CBSTinfo.- El presidente Nicolás Maduro, expresó a través de su cuenta en Twitter que » es el momento para el reencuentro, la reconciliación y el diálogo profundo. ¡Por la Paz, Venezuela Vencerá!», en referencia al decreto de indulto a través del cual se beneficiaron dirigentes de partidos políticos y actores sociales que estaban acusados de diversos delitos.

A continuación el texto íntegro del decreto: 

Nicolás Maduro Moros

Presidente de la República 

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria, en la construcción del socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas, que persiguen el progreso del país y del colectivo. Por mandato del pueblo de conformidad con lo establecido en el artículo 236 de la constitución y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los numerales 1 y 19 del artículo 236 antes citado.

Considerando

Que es interés fundamental del Gobierno Bolivariana, la defensa y el respeto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el ordenamiento jurídico vigente, como queda patente en las más de 600 convocatorias organizadas por el presiente de la República al diálogo constructivo con todos los sectores de la vida política, social y económica de Venezuela, con el objetivo de promover la convivencia pacífica y la solución de la controversia por las vías constitucionales, electorales, y pacíficas, así como el ejercicio de las más amplias libertades que consagran las prácticas democráticas

Considerando 

Que las elecciones convocadas por el Poder Electoral para que el pueblo de venezuela escoja, por la vía del voto universal, directo, secreto, libre y soberano, a las diputadas y los diputados de la Asamblea Nacional, que se instalará el próximo 5 de enero de 2021, constituye una oportunidad estelar para garantizar la participación más amplia posible de todos los partidos políticos, y grupos de electores que se propongan en representar a los más de 20 millones de venezolanos inscritos en el Registro Electoral de Venezuela

Considerando 

Que siendo escuchada la opinión de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, presidida por el fiscal General de la República, y en aras de promover la reconciliación nacional, y la búsqueda incesante de la paz ciudadana, el Poder Ejecutivo Nacional continuará adoptando todas las medidas necesarias para el fortalecimiento de nuestra democracia y la apertura de cauces de acción política, dentro del marco que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes establecen

Considerando 

Que es el momento de la unión nacional para enfrentar el bloqueo criminal, que por vía de acciones ilegales e inhumanas, contrarias a las leyes internacionales, la Carta de las Naciones Unidas y la convivencia pacífica entre las naciones conforman una agresión multiforme contra todos los habitantes de nuestra patria, pacífica y soberana. Todo ello dentro del contexto de la actual pandemia del Covid-19, que ha puesto en vilo a la humanidad y reclama el concurso de todos los esfuerzos, más allá de credos y de convicciones políticas para cuidar a nuestro pueblo y salir airoso en este combate por la salud y la vida de todos

Considerando 

Que el espíritu de justicia y paz, del decreto con rango, valor y fuerza de ley especial de amnistía dictado por el comandante presidente Hugo Chávez, el 31 de diciembre del año 2007, sentó en sus momentos las bases para el encausamiento constitucional de los sectores políticos y la consolidación de la democracia protagónica en Venezuela

Considerando 

Que conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Código Orgánico Procesal Penal, el presidente de la República, como jefe de Estado, se encuentra facultado en conceder indultos, en cualquier estado y grado del proceso, o del cumplimiento de la pena, dando como resultado, la extinción de la acción penal o de la condena y el cese inmediato de cualquier medida de coerción personal

Considerando 

Que como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela me mueve el deseo de justicia y paz, así como la firme determinación de consolidar vías democráticas   y pacíficas para dirimir las controversia entre los actores políticos, es por lo cual que decido, y de manera consciente resuelvo y decreto lo siguiente,

DECRETO

Artículo 1 

Se le concede indulto presidencial a los ciudadanos que se mencionan a continuación:

— Freddy Guevara
— Mariela Magallanes
— Freddy Superlano
— Américo De Grazia
— Carlos Lozano
— Jorge Millán
— José Guerra
— Richard Blanco
— Tomás Guanipa
— Luis Steffanelli
— Carlos Papparoni
— Juan Andrés Mejía
— Miguel Pizarro
— Rafael Guzmán
— Franco Casella
— Juan Pablo García
— Winston Flores
— José Calzadilla
— Henry Ramos Allup
— Edgar Zambrano
— Luis Florido
— Juan Pablo Guanipa
— Gilber Caro
— Ismael León
— Renzo Prieto
— Tony Geara
— Ángel Betancourt
— Alberto Bodarin
— Alejandro Lizardi
— Lena García
— Eduardo Betancourt
— Luis Daniel Contreras
— Jeimi Sequera
— Jonathan Lucena
— William Cabaña
— Antonio Pérez
— William Aguado
— Hugo Bastidas
— José Luis Santamaría
— Luis Leal
— Régulo Castro
— Vasco Da Costa
— Alonso Mora
— Carlos Aristimño
— Erick Villalaba
— Yorfran Quintero
— José Marulanda
— Rubén González
— Willman Rada
— Vincent Arcas
— Carlos Villa
— Isabel Zambrano
— Mery Moreno
— Carolina Calderón
— Roberto Marrero
— Senaida Lobo
— Wilmer Toro
— Joelkys Frontado
— Daniel Hernández
— Israel Villasana
— Jonathan Escobar
— Julio Flores
— Jesús Franco
— Antonia Turbay
— Enrique Perdomo
— Wilmer Quintana
— Luis Gómez
— Romer Guevara
— Gustavo Bell
— Rafael Gutiérrez
— William Correia
— Deivi Jaimes
— Josué Ortega
— Sergio Termini
— Victor Cilio
— Elio Mendoza
— Mauri Carrero
— Demóstenes Quijada
— Tania Rodríguez
— Andrea Zallago
— Fernando Marcano
— Javier Vivas
— Pedro Pérez
— Giovanni Mesa
— Leonardo Atacho
— Aaron Atacho
— Fabricio Ojeda
— José Pérez
— Andrés Montesino
— Javier Pérez
— Javier Pérez
— Jordi Pérez
— Carlos García
— Yonny Campos
— José Campos
— Jonathan Campos
— Luisa Arriaga
— Marco Aurelio Antoima
— Juan Carlos Torrealba
— Cleiber Oropeza
— Edgardo Parra
— José Ignacio García
— Roberto Suárez
— Nicmer Evans
— Arnoldo Gabaldón
— Oscar Barreto
— Luis Ernesto Aparicio
— José Luis Cartaya
— Ramón Medina
— Emilio Bonanger
— Juan Mata

Artículo 2 

Remítase a los órganos jurisdiccionales competentes copia auténtica de este decreto, para que adopten las medidas correspondientes, de conformidad con lo establecido en el Código Procesal Penal

Artículo 3 

Los órganos policiales, militares y de Servicio Penitenciario, deberán implementar, de manera inmediata, las medidas de libertad acordadas por los tribunales competentes a las personas mencionadas, en el presente decreto

Artículo 4 

La vicepresidente Ejecutiva y los ministros para el Poder Popular de los Servicios Penitenciarios; y Relaciones Interior, Justicia y Paz, quedan encargados de la ejecución del presente decreto

Artículo 5 

El presente decreto entrará en vigencia, a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela

Dado en Caracas, a los 31 días del mes de agosto 

Año 210 de la Independencia 

161 de la Federación 

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Según datos de inteligencia de EEUU: Uribe mantuvo relaciones con Paramilitares Colombianos

Álvaro Uribe Way', así se llamará una calle de Miami en Estados Unidos

@CBSTinfo.- El expresidente de Colombia Álvaro Uribe, actualmente en prisión domiciliaria, tuvo “casi con toda seguridad trato con los paramilitares” cuando era gobernador del departamento de Antioquia en la década de 1990, según datos de inteligencia de EEUU expuestos por la organización Nacional Security Archives en Washington.

La organización, un grupo de investigación de la Universidad George Washington, divulgó este lunes un contacto entre el entonces secretario de Defensa de EEUU, Donald Rumsfeld, y un funcionario del Pentágono sobre un tema que ha rondado la política colombiana durante décadas.

El funcionario le indica a su jefe que “Uribe tuvo casi seguro trato con los paramilitares cuando era gobernador de Antioquia, eso va con el trabajo”.

Uribe, el primer exmandatario del país en ser apresado, es investigado por supuesta manipulación de testigos después de que el senador colombiano Iván Cepeda se contactara con exparamilitares presos para que éstos confirmaran vínculos de Uribe con estas facciones armadas.

El expresidente culpó a Cepeda de manipular testigos, pero en un giro la justicia decidió investigar a Uribe por la misma sospecha.

Durante su mandato, Uribe propició la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una horquilla de grupos paramilitares que están acusados de delitos atroces en el curso del largo conflicto colombiano.

Otro cable de inteligencia de 1997 manejado por la embajada de Estados Unidos en Bogotá resume una conversación con el político colombiano Jorge Albeiro Valencia Cardona.

Ese legislador describió una “red de vínculos entre el gobernador (Uribe), los terratenientes, los paramilitares y las guerrillas”.

Según el relato de Valencia, los paramilitares se referían a Uribe como “el viejo”.

La fuerza de Uribe, el Partido Centro Democrático, negó este reporte y aseguró que las únicas “relaciones” que Uribe tuvo con paramilitares fue meterlos a la cárcel, destacando que durante su mandato se desmovilizaron unos 35.000 efectivos de las AUC.

Un fuerte vínculo con EEUU –

Uribe forjó con Estados Unidos un fuerte vínculo durante su mandato, derivado del Plan Colombia, firmado por su predecesor Andrés Pastrana. Tras su detención el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, destacó que el político es “un héroe” y pidió el fin de su arresto.

El exmandatario – que renunció el 18 de agosto a su escaño en el Senado – sigue siendo muy popular en su país por su mano dura contra las FARC cuando estuvo en el poder.

Uribe también capitalizó su eterno encono con las FARC por la muerte de su padre con un categórico rechazo al acuerdo de paz que esa guerrilla negoció su delfín y sucesor, Juan Manuel Santos, en 2016.

El exmandatario de 68 años presentó en 2012 una denuncia contra Iván Cepeda por un supuesto complot judicial que se preparaba en su contra con testimonios presuntamente falsos, luego que el senador contactó a exparamilitares presos por este asunto.

Cepeda -uno de sus mayores adversarios de Uribe y testigo en el proceso sobre paramilitares- celebró que se hayan difundido los documentos.

“Ahora vemos estos documentos desclasificados, que ya no solamente son rumores, sino que lo confirman y creemos que esto es muy importante en este momento en el cual se está debatiendo intensamente en la sociedad colombiana sobre esas responsabilidades de quien hoy es exsenador”, declaró Cepeda a la AFP.

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