Revuelta indígena y popular contra Lenin Moreno

La revuelta de los sectores populares e indígenas contra las medidas neoliberales del Gobierno de Lenin Moreno abre un nuevo escenario en el Ecuador post-Correa donde todo es posible. A continuación publicamos una crónica desde Quito, aparecida ya en El Salto, que relata la evolución de las protestas y los movimientos del gobierno durante los últimos días. Un segundo texto desde Popayán analiza las posiciones políticas de los diferentes actores implicados en el conflicto y realiza una apuesta sobre los pasos siguientes y las posibilidades de construcción de nuevas formas de democracia en Ecuador y en América Latina.

Crónica desde Quito, capital de la revuelta contra Lenin Moreno

Decio Machado

CBST-INFO.AG.

El pasado jueves 3 de octubre, la dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) convocó, junto a sectores del sindicalismo tradicional, un paro nacional con el objetivo de expresar su discordancia respecto a las últimas medidas económicas establecidas por el Gobierno.

El anuncio de la CONAIE conllevó el inicio de una serie de movilizaciones en distintas localidades del país y asambleas permanentes en territorios con fuerte presencia indígena bajo el objetivo de coordinar una gran movilización a Quito demandando la derogación del Decreto 883, que incluía el alza de precios de los combustibles en todo el país.

El antecedente de dicha medida se encuentra en los acuerdos establecidos por el Gobierno ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional (FMI), mediante el cual este organismo financiero multilateral exige a las arcas públicas una optimización económica del 1,5% de su PIB mediante reformas de carácter tributario a cambio de otorgarle algo más de 10.000 millones de dólares en concepto de financiamiento durante los próximos tres años.

El problema de desequilibrio económico del Ecuador no es nuevo: ya en 2016 —última fase de la década de mandato de Rafael Correa— existían informes que recomendaban un ajuste fiscal asertivo para preservar la estabilidad macroeconómica y financiera del país fruto del desequilibrio entre gastos e ingresos existentes en esta economía dolarizada desde inicio de siglo. El Gobierno correista decidió en aquel momento mantener en reserva dichos informes y no hacerlos públicos ante su población.

Dos opciones tuvo que manejar el Gobierno presidido por Lenín Moreno ante tales exigencias fondomonetaristas: o incrementar el IVA en tres puntos porcentuales —medida que según los medios de comunicación parecía ser la más probable y en principio más regresiva— o la que definitivamente fue aprobada.

A priori la opción tomada por el Gobierno ecuatoriano parecía ser la menos conflictiva. La escasa eficiencia de un modelo de subsidio que carecía de focalización y que mayormente beneficiaba a grandes empresas con alto consumo de combustible, grandes flotas de transporte y sectores de las élites económicas que disponen de más de un vehículo por unidad familiar, parecía ser la que menos rechazo social podría generar.

De esta manera el presidente Lenín Moreno decretó el fin de los subsidios, lo que implicó un notable incremento de precios de la gasolina extra —la más usada en el país— pasando el galón de 1,45 a 2,41 dólares. De igual manera la gasolina Eco País (extra con etanol) de 1,45 a 2.53 dólares y la Súper de 2,3 a 3,07 dólares.

La reacción inmediata fue el bloqueo de carreteras por parte del sector del transporte y de vías urbanas por parte de los taxistas, aunque al día siguiente se desconvocó el paro tras negociar con los huelguistas un incremento de tarifas. El sector del transporte está acostumbrado a acomodarse de forma sistemática a los distintos gobiernos que han transitado en el poder en Ecuador. Durante la época correísta llegaron incluso a legalizar una formación política en connivencia con el partido de gobierno y ocupar curules en el legislativo.

Sin embargo, por experiencia histórica, el pueblo ecuatoriano es consciente de que el incremento de precios del combustible afecta al bolsillo del conjunto de la sociedad sean propietarios o no de vehículos. Los precios de los productos básicos y los indicadores de inflación suelen ser afectados de manera indirecta por este tipo de medidas.

El descontento generalizado entre la sociedad no hizo cambiar la posición Lenín Moreno, quien ha manifestado de forma permanente que la liberalización del precio del combustible a costos internacionales es una política —entre otras— necesaria para el mejoramiento de las finanzas públicas y sobre la cual “no hay marcha atrás”.

Las organizaciones sociales ecuatorianas definieron las medidas económicas establecidas por el Gobierno como un paquetazo neoliberal, argumentando que forman parte de un modelo de políticas públicas que beneficia fundamentalmente a sectores empresariales, flexibiliza el mercado laboral y achica al Estado enviando al desempleo a cada vez mayor número de funcionarios públicos sin que estos sean posteriormente demandados por el sector privado.

Así las cosas, durante todo el pasado fin de semana se sucedieron movilizaciones y asambleas indígenas en gran parte del territorio nacional pese a que el Gobierno Nacional optó por declarar el estado de excepción buscando suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilios, libertad de tránsito, libertad de asociación y de reunión. Con movilizaciones cada vez de mayor afluencia en todos los territorios afectados por la convocatoria, las resoluciones fueron unánimes: se determinó una gran movilización indefinida en el conjunto del país en rechazo a las medidas económicas y en defensa de los territorios indígenas, ríos, agua, páramos, la justicia indígena, la educación intercultural, salud, transporte y radios comunitarias.

300 cortes de carretera

Los cortes de carretera se sucedieron por gran parte de la red vial nacional, llegándose a contabilizar 300 cortes de carreteras al mismo tiempo durante diferentes momentos del pasado sábado y domingo. En paralelo, el Gobierno intentó combinar dos estrategias disímiles. Por un lado, se intensificaba la represión bajo el eufemístico argumento del uso de la fuerza progresivo. Por otro, sus interlocutores buscaban desesperadamente el diálogo con los manifestantes intentando establecer propuestas de compensación a los sectores movilizados (créditos productivos a bajo tipo de interés, apoyo para la adquisición de maquinaria agrícola, reconocimiento de autoridades locales…). Nada sirvió, la dirigencia nacional de CONAIEA manifestó públicamente que el diálogo con el régimen está totalmente cerrado. “No habrá ningún acercamiento con ningún representante del Estado hasta que se revea el decreto que eleva el precio de los combustibles”, manifestaron de forma homogénea todos sus voceros. El conflicto se agudizó a lo largo y ancho de la geografía nacional, llegándose a retener en diversos territorios indígenas a unidades militares y policiales para posteriormente ser entregadas tras haberse liberado extraoficialmente a civiles detenidos en dichas comunidades. La CONAIE, bajo el principio de autodeterminación de los territorios indígenas, también había declarado su estado de excepción, prohibiendo la entrada de infiltrados y grupos armados pertenecientes a los aparatos de seguridad del Estado.

Amaneció el lunes más tranquilo, los voceros del Gobierno Nacional —titulares de muy diversas carteras ministeriales— salieron a los medios de comunicación a autofelicitarse. El número de detenidos civiles ya sumaban más de 320 en aquel momento. De los 300 cortes de vías se había bajado a cincuenta, de igual manera el número de movilizaciones en diferentes localidades del país también había bajado… el paro indígena y las movilizaciones urbanas en diferentes partes del país aparentemente estaban en retroceso. “Se impone paulatinamente la normalidad”, llegó a aseverar en su ignorancia María Paula Romo, ministra del Interior. Sin embargo, la versión indígena era radicalmente distinta. Según Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, “la represión de la fuerza pública permitió al movimiento fortalecerse y coordinar con sus bases y otras organizaciones sociales en cada provincia para poder desplazarnos hacia la capital”.

Apenas un par de horas más tarde comenzaban los mensajes de alerta en la capital. La Policía Nacional y el servicio de inteligencia del Estado detectaban fuerte movimiento en carreteras desde las provincias indígenas de la Sierra Central hacía Quito. La reacción no pudo ser más desafortunada, el ministro de Defensa, un general del Ejército en servicio pasivo que responde al nombre del Oswaldo Jarrín, amenazó directamente a los movilizados: “Que no se provoque a la fuerza pública, no la desafíen o sabremos responder…”. Estas declaraciones encendieron aún más los ánimos de los movilizados.

Durante todo el día de este lunes 7 de octubre llegaron diversos contingentes de indígenas a la capital ecuatoriana y de forma sorpresiva también a Guayaquil, segunda ciudad en importancia del país. En diversos barrios populares de la periferia quiteña los indígenas fueron recibidos con actos de solidaridad por los pobladores locales, pese a una fuerte campaña de desprestigio y racismo posicionada por influencers de perfil ideológico conservador en las redes sociales. Con los accesos de entrada a las ciudades altamente custodiadas por las fuerzas de orden público —militares y cuerpos de élite de la Policía Nacional— los enfrentamientos se sucedieron por doquier. Más manifestantes detenidos, más violencia en medio de llamados poco creíbles llamados al diálogo e incluso algún que otra tanqueta policial incendiada durante las reyertas.

Distintos puntos geográficos de la capital ecuatoriana se convirtieron en focos de conflicto entre movilizados y fuerzas del orden público. El presidente Moreno anunció una cadena televisiva gubernamental que fue tres veces aplazada y los periodistas destinados a cubrirla desalojados por los militares del palacio presidencial de Carondelet.

Las movilizaciones populares, tanto en Quito como en Guayaquil, se combinaron con actos de vandalismo protagonizados por grupos organizados que aprovechaban la protesta para sus fines delictivos. De igual manera, militantes políticos que responden a la tendencia correísta se infiltraron en las movilizaciones protagonizando asaltos de edificios públicos —Asamblea Nacional y Contraloría General del Estado— que fueron censurados por la CONAIE y otras organizaciones sociales convocantes de la marcha. En otras provincias, los movilizados ocuparon instituciones públicas tales como la Gobernación o el Consejo de la Judicatura en la provincia de Bolívar. Las movilizaciones fueron permanentes en las provincias amazónicas y en la Sierra Central, todas ellas con fuerte ascendencia indígena.

A las 21h del lunes por fin se produjo la tan esperada cadena nacional. El presidente Lenin Moreno, custodiado por su vicepresidente a la derecha y su ministra de Defensa a la izquierda, junto a los jefes de los diferentes cuerpos militares atrás, manifestaba —con cierto nerviosismo— que el pueblo ecuatoriano está asistiendo a un intento de “golpe de Estado” con asideros en un complot internacional. “El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización”, aseveró el mandatario ecuatoriano, insistiendo en que las medidas tomadas “no tienen marcha atrás” y que “los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el Gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático”.

Para sorpresa de los ecuatorianos la cadena nacional se emitió desde la ciudad de Guayaquil, lo que implica que el Gobierno Nacional abandonó el Palacio de Carondelet en la capital quiteña para, recordando lo que hizo Charles de Gaulle en mayo de 1968, instalarse en otra ciudad.

La estrategia política y comunicacional del Gobierno de Lenín Moreno no pudo ser más desacertada. Nuevamente una escenografía de fuerza, el presidente de la República rodeado de militares, que realmente emitía comunicacionalmente toda su debilidad —un Gobierno sin base social que tiene una credibilidad inferior al 16%—. En paralelo, un confuso llamado al diálogo en medio de soflamas sobre que bajo ningún concepto se revisará el Decreto 883. Por último, una alerta sobre una supuesta trama internacional desestabilizadora tan poco creíble como las anteriormente posicionadas por Rafael Correa ante cada levantamiento indígena o paro obrero.

La noche quiteña fue larga, el vandalismo se apoderó de algunas zonas de la ciudad mientras manifestantes indígenas y estudiantes universitarios portaban carteles y pancartas cuya consigna era “Ni Correa ni Moreno”, buscando desmarcarse de la pretendida capitalización política correísta de las movilizaciones.

Con la situación al límite, los movilizados se repartieron para pasar en la noche en tiendas de campaña situadas en parques públicos, en coliseos universitarios y locales de organizaciones sociales.

Sectores sociales ciudadanos solidarios con los movilizados suministraron en la noche alimentos y mantas a los recién llegados, estudiantes universitarios de enfermería atienden a los heridos y el periodismo alternativo trata de hacer coberturas coherentes sobre el qué y el porqué de lo que demandan los movilizados. En paralelo, otros sectores de ciudadanos capitalinos expresan su miedo ante la algarabía y convocan para hoy una movilización de rechazo a las movilizaciones, supuestamente para defender Quito. Mensajes xenófobos corren por las redes sociales y líderes conservadores llaman a movilizarse supuestamente contra el correísmo, intentando a su vez desmarcarse oportunistamente de Moreno, pero claramente antagónicos a lo que consideran una invasión de su ciudad por parte de indios ignorantes.

Así amaneció el día hoy, martes 8 de octubre, un país donde en estos momentos todo puede pasar… Al cierre de la redacción de esta crónica, los movilizados comienzan a agruparse en zonas aledañas al centro de la ciudad de Quito mientras van recibiendo nuevos contingentes de compañeros que van llegando a la capital.

Hoy posiblemente las movilizaciones serán calientes, mañana está convocada huelga general.

40 años de democracia, siete presidentes y tres constituciones

El pasado 10 de agosto, Ecuador cumplió 40 años de democracia tras una dictadura militar que tuvo distintas fases políticas y que se extendió entre 1972 hasta 1979. En ese período se han desarrollado 11 contiendas electorales, tres constituciones —1978, 1998 y 2008— y una década de desestabilización política que comenzó con la caída Abdalá Bucaram y que perduró hasta la llegada de Rafael Correa a la poltrona presidencial del Palacio de Carondelet. Durante esa década Ecuador asistió a como siete personajes, cada cual políticamente más deplorable, cruzaron sobre su pecho la banda presidencial.

La década correísta estabilizó políticamente el país, si bien terminó decepcionando notablemente a la mayoría del pueblo ecuatoriano y desinstitucionalizando aún más Ecuador, tras haber implementado el predominio del poder Ejecutivo sobre los demás poderes del Estado.

La última fase de deterioro económico del país comenzó en el año 2014, momento en el que la caída de los precios del petróleo comenzó a golpear fuertemente a la economía nacional. Fue durante la última fase del Gobierno de Rafael Correa cuando el país comenzó a entregarse al Fondo Monetario Internacional. El Presupuesto General del Estado pasó de 44.300 millones de dólares en 2014 a 37.600 millones en 2016, el endeudamiento público —interno y externo— pasó de 2,8% del PIB en 2012 al 8,1% en 2016 y 9% en 2017, la urgencia por obtener financiamiento internacional hizo que el Gobierno correísta llegase incluso a negociar parte de la reserva nacional de oro con Goldman Sachs. Incluso se firmó un tratado de libre comercio con la Unión Europea y llegó a hipotecar el petróleo aun no extraído del subsuelo ecuatoriano con China y Tailandia.

Levantamiento indígena y popular en Ecuador: Las fuerzas en contienda y las perspectivas inmediatas

Fernando Dorado

Luego de que el presidente Lenin Moreno decretara lo que se ha denominado el paquetazo económico (plan de ajuste impuesto por el FMI), la reacción popular no se ha hecho esperar. Las movilizaciones y bloqueos de carreteras por parte de comunidades indígenas se han generalizado por todo el país y se ha programado el inicio del paro nacional indefinido para hoy miércoles (09/10/2019) con participación de amplios sectores sociales.

A la cabeza del movimiento se han puesto los pueblos indígenas liderados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y se ha conformado una coordinación nacional con participación de organizaciones de trabajadores, estudiantes y otros sectores populares.

El movimiento y la correlación de fuerzas evolucionan muy rápidamente y pueden conducir al derrocamiento de Lenin Moreno, quien abandonó la sede presidencial de Quito (Palacio de Carondelet) y se refugió en Guayaquil. Ayer, los manifestantes se tomaron el recinto de la Asamblea Nacional y hoy se inicia la huelga o paro nacional, que ya es un hecho.

En forma sintética se resume la situación y las posiciones políticas de las fuerzas en contienda de la siguiente forma:

1. Entre la dirigencia indígena de CONAI y de importantes sectores del movimiento sindical, el acuerdo es luchar por que se derogue el decreto del paquetazo, se levante el Estado de excepción, y se adelante un proceso de democratización y participación popular para revisar y rectificar las políticas que lleva a cabo el gobierno.

2. Moreno en un primer instante se negó a echar para atrás su plan de ajuste; luego, atemorizado por la fuerza del levantamiento indígena ha llamado al diálogo a los dirigentes nativos, pero, paralelamente acusó a Maduro y a Correa de organizar un complot para desestabilizar su gobierno. Así, intenta internacionalizar el conflicto, buscando el respaldo del gobierno de los EE.UU. y de los gobiernos del grupo de Lima, que poco a poco se las ha ido desbaratando.

3. El ex-presidente Rafael Correa propuso la convocatoria de nuevas elecciones pero, por ahora, la mayoría de la dirigencia indígena y social no está de acuerdo con esa iniciativa.

4. Entre las bases indígenas hay mayorías correístas, sobre todo en aquellos lugares donde no se vivieron conflictos con el gobierno de Correa; conflictos que se presentaron en algunas regiones relacionados con proyectos de gran minería, petróleo y manejo de aguas, además de las reivindicaciones indígenas en torno a autonomía y territorio.

5. Entre la dirigencia social (incluida la indígena) y algunos sectores de izquierda, existe mucha desconfianza y prevención frente a las fuerzas del correísmo, dado que sufrieron la represión, la persecución y la cárcel por parte de su gobierno.

6. Correa mostró facetas conservadoras en varios temas, tendencia al autoritarismo, y posiciones patriarcales (anti-aborto) y homofóbicas. Respecto al extractivismo se distanció y desdibujó completamente respecto a lo que se había aprobado en la Constituyente de Montecristi.

7. En estos días se ha expresado el rechazo a la intervención de Correa y su gente en el movimiento de protesta, dentro de amplios sectores indígenas y populares tachándolos de oportunistas.

Desde mi punto de vista, es necesario que la dirigencia social y política de carácter popular pueda hacer algunas diferenciaciones, caracterizaciones y precisiones, a fin de lograr sus objetivos y avanzar hacia la construcción de un movimiento político y social que supere las deficiencias mostradas por la llamada revolución ciudadana liderada por Correa y se derrote a la oligarquía tradicional (y al imperio estadounidense que está detrás del escenario).

Pienso que Correa representa los intereses de lo que llamo burguesía emergente, que ha surgido en las últimas décadas en las ciudades y algunas regiones con desarrollo agro-industrial. Ese sector de clase tiene contradicciones con la gran oligarquía tradicional pro-gringa y no debe desecharse en esta fase de la lucha. Las clases medias tienen mucha ligazón con esa clase social.

Es importante recordar que Moreno, una vez traicionó a Correa, se le entregó totalmente a la oligarquía tradicional ecuatoriana (transnacional), por cuanto no tenía su propia base social y política. Hoy solo es un agente-mandadero de los grandes empresarios y del gobierno de EE.UU.

Además, es importante entender que dentro del mismo movimiento indígena y social existe una disputa entre sectores que tienen tendencias burocráticas y arribistas y dirigentes que tienen una mirada de largo plazo y privilegian el trabajo de base, el impulso y construcción de auto-gobiernos y la consolidación de una fuerte de autonomía. Es una lucha que hay que tratar bien.

El momento actual requiere de mucha inteligencia y capacidad política para no desaprovechar el enorme entusiasmo y el sacrificio de las bases populares movilizadas. No se puede permitir que un traidor declarado y sin ninguna credibilidad, como lo es Lenin Moreno, pueda engañar a los dirigentes indígenas y populares, que influidos por la aversión y sentimiento anti-correísta, vacilen en el momento clave y le den la oportunidad de tomar un segundo aire al gobierno, desmovilizar a las comunidades indignadas e insurrectas, y, luego, desencadenar la ofensiva contra los sectores más avanzados del pueblo ecuatoriano.

Pienso, con el respeto que merecen los dirigentes y la gente que está en el terreno colocándole el pecho a las balas y a los gases lacrimógenos, que los sectores sociales cercanos a Correa pueden ser tratados con cierta indulgencia, como posibles aliados, pero sin permitir que sus dirigentes burocráticos y corruptos se pongan al frente del proceso. Sólo así se podrá acumular la fuerza para derrotar a Moreno y a la manguala oligárquica pro-gringa que está detrás de él.

Pero paralelamente, se hace necesario que los contrapoderes que existen dentro de las comunidades indígenas (autoridades propias) salgan fortalecidas de todo este proceso, y deben ayudar a las comunidades de los barrios populares y otros sectores sociales a construir sus organizaciones y auto-gobiernos, que deben jugar el papel de control social y ciudadano frente al gobierno de coalición popular, indígena y ciudadana que deberá surgir de esta importante, valerosa e histórica lucha.

Nuevos sectores de la intelectualidad y de la dirigencia plebeya deben disputar los espacios y la dirección de lucha a los políticos de carrera, y desde ya debe abrirse el debate de cómo construir en Ecuador y América Latina nuevas formas de democracia, en donde la democracia representativa esté subordinada a la democracia directa (y a otras formas, como la democracia ilustrada de los sabios y mayores del pueblo, y la democracia deliberativa construida entre las bases sociales organizadas).

09/10/2019

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Ecuador deroga decreto causante de protestas

CBST-INFO.AG.- Este domingo el Gobierno de Ecuador derogó el Decreto 883 que estipulaba la eliminación del combustible para avanzar en el proceso de diálogo en el país suramericano, informó Telesur.

El presidente Lenín Moreno, aceptó la petición del movimiento indígena durante el diálogo entablado con mediación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, acordaron en crear una comisión para crear un nuevo decreto.

“Hemos tenido un acuerdo (..) que ha significado sacrificios de cada una de las partes”, manifestó Moreno.

La eliminación del decreto permitirá que Gobierno y agrupaciones sociales se reúnan en comisiones con el propósito de llegar a nuevos consensos sobre la medida económica.

El acuerdo incluye la finalización de las manifestaciones por parte del pueblo indígena.

Al darse a conocer la derogación del decreto, miles de ecuatorianos tomaron las calles para manifestar su alegría por la nueva medida del gobierno ecuatoriano.

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Rafael Correa califica a Lenín Moreno de traidor

CBST-INFO.AG.- El expresidente Rafael Correa continúa este viernes en el centro de la política de Ecuador, al calificar de traidor al gobierno de Lenín Moreno por impulsar medidas neoliberales.

Tras 10 días de protestas en la nación sudamericana, Correa rechaza la actual gestión de Moreno, a quién acusa de golpista y de traicionar la revolución y la democracia.

A través de su cuenta de Twitter, el exmandatario reclama elecciones anticipadas y expresa su desagrado por la tardía propuesta de diálogo de Moreno, como vía para acabar con las manifestaciones.

Correa aprovecha la inmediatez de la red de microblogging para ratificar su compromiso con el pueblo y defender los derechos constitucionales del país.

Por otra parte, en declaraciones a BBC Mundo, el exjefe de Estado evaluó de represión brutal la situación actual en Ecuador, con muertos, centenas de heridos y más de 700 detenidos.

‘La violencia de las Fuerzas Armadas y sobre todo de la policía es terrible, pateando ciudadanos en las calles, echándole los caballos encima, bombas lacrimógenas, balas de plástico’, así describió el panorama represivo durante los disturbios.

Sobre las declaraciones de Moreno de acusarlo de promover la crisis, Correa afirmó al diario español El Mundo que ‘los golpistas son ellos que han roto el orden constitucional todo lo que les ha dado la gana’.

Protagonista de la Revolución Ciudadana en Ecuador por una década, Rafael Correa es objeto de la persecución política del actual gobierno y una orden de prisión preventiva por un caso de supuestos sobornos le impide pisar suelo nacional.

La desestabilización en el país responde al rechazo ciudadano de las políticas neoliberales de la administración de Moreno, que eliminó los subsidios a los combustibles y aplicó un conjunto de medidas económicas que afectan a la mayoría en virtud de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, recoge Prensa Latina.

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Explosión de petrolero iraní provocó vertido de crudo al Mar Rojo

CBST-INFO.AG.- Una explosión registrada hoy en un petrolero iraní cerca de la ciudad saudí de Yeda provocó un vertido de crudo al Mar Rojo, informaron medios oficiales iraníes, reseña Noticias24 en su portal web.

El petrolero “Sinopa”, operado por la Compañía Nacional de Petróleo de Irán (NIOC), se incendió tras la explosión, cuyas causas aún se desconocen, aunque expertos técnicos que están investigando el incidente no descartan “un acto de terrorismo”, según la web de la televisión iraní en inglés Press TV.

La explosión, que tuvo lugar en la mañana del viernes a unas 60 millas de Yeda, “afectó el casco de la embarcación, causando graves daños a los dos depósitos principales de la embarcación, lo que resultó en un derrame de petróleo en el Mar Rojo”, añadió la fuente.

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Confirman reducción de salario a servidores públicos en México

CBST-INFO.AG.- La Cámara de Diputados de México aprobó este jueves un dictamen de reforma constitucional para evitar que los servidores públicos tengan una remuneración mayor a la determinada para el presidente de la nación que actualmente asciende a 108.000 pesos al mes (5.550 dólares).

El dictamen, aprobado tras cuatro horas de discusión y que modifica los artículos 116 y 127 de la Constitución mexicana, fue enviado al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

Según estableció el documento, ningún funcionario público (federal, estatal o municipal) podrá tener una remuneración mayor a la establecida para el Ejecutivo federal, por lo que los salarios que excedan ese monto deberán ser disminuidos al año siguiente de la entrada en vigor de la reforma.

Con la abstención de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y los votos divididos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la mayoría parlamentaria aprobó la norma en lo general, con 357 votos a favor.

Mario Delgado

@mario_delgado

Con 357 votos a favor aprobamos la reforma de ¡Acabamos con excesos y privilegios de alta burocracia! @DiputadosMorena

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La oposición en la Cámara de Diputados acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de imponer de manera unilateral el tope salarial a funcionarios. Una de sus detractoras fue la diputada del PRI, María Alemán, quien aseguró que esta norma amplía la “intromisión” del Ejecutivo en otros poderes y en los organismos autónomos.

A su vez, Marcos Aguilar (PAN) advirtió que la reforma busca subordinar a quienes no están de acuerdo con los planteamientos del actual Gobierno.

Cámara de Diputados

@Mx_Diputados

📌 Aprobamos por mayoría y turnamos al @senadomexicano, reforma constitucional para que ningún funcionario gane más que el titular del Ejecutivo federal 💰💸

ℹ http://bit.ly/2p7Cp6O 

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Por su parte, legisladores del partido oficial Morena, como Mario Delgado, destacaron que con la reforma se terminan “losexcesos y privilegios” en el sector público.

Entretanto, la legisladora Miroslava Carrillo Martínez destacó que las remuneraciones que perciben algunos servidores públicos son altas respecto a las que reciben sus pares en otros países, reseña telesur.

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